El catedrático de la Ibero Puebla considera que la presencia del ejército en las calles, lejos de garantizar la seguridad pública, lacera la democracia y pone en riesgo a la ciudadanía.

El siglo XXI ha sido el periodo de la militarización de México. Desde tiempos de Vicente Fox, las fuerzas armadas han comenzado a ocupar un rol protagónico en los sistemas de seguridad pública. Con Andrés Manuel López Obrador, la milicia no solo ha absorbido estas labores a través de la Guardia Nacional (que nació con orden civil), sino que ha recibido facultades propias de otras secretarías de Estado.

Enrique Cárdenas Sánchez, académico de la IBERO Puebla, ofreció un diagnóstico del poder militar en México y sus consecuencias presentes y futuras. Pese a que la Guardia Nacional se ha convertido en un ente medular en la vida pública, su omnipresencia no se ha traducido en mayor seguridad: entre 2006 y 2021, los homicidios crecieron un 241%.

Al mismo tiempo, este ajuste en las fuerzas castrenses ha supuesto un debilitamiento de los cuerpos policiacos a nivel municipal y estatal. Mientras que la Policía Federal enlistó un máximo histórico de 37,000 elementos en sus filas, la Guardia Nacional ya registra más de 118,000; de estos, ocho de cada diez provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina.

Las tareas de los cuerpos militares en la vía pública han sido principalmente de patrullaje: están presentes en las calles, pero no realizan labores de investigación ni derivan los casos a los ministerios públicos. “Los militares no están siendo formados como policías en términos técnicos ni tácticos. No utilizan la inteligencia para hacer su trabajo”, explicó el académico.

En los últimos diez años, 227 funciones han pasado del orden civil al militar. Además de ser el área a la que se destina mayor parte del presupuesto, las fuerzas armadas han recibido la encomienda de construir obras clave para la administración de López Obrador, las cuales están marcadas por la opacidad y las irregularidades.

Cárdenas Sánchez consideró que la gravedad de estas atribuciones se centra en su carácter estratégico. Hoy en día, el ejército tiene el control de la seguridad, puertos marítimos, aeropuertos y movimiento de personas, así como de las finanzas del ISSSTE. “La presencia de la Guardia Nacional no es compatible con los sistemas democráticos”, sentenció.

La figura de Luis Crescencio Sandoval González también ha tenido impactos en la vida política. En noviembre de 2021, el secretario de Defensa Nacional se pronunció a favor del proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Tiempo después, al calor de la discusión sobre la presencia de las fuerzas armadas en las calles, deslizó la necesidad de formar a los elementos de la Guardia Nacional bajo una lógica militar.

Múltiples voces han advertido las graves violaciones a los derechos humanos que derivan del despliegue de soldados en cada rincón del país. A la fecha, la CNDH registra 2,510 quejas contra la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina. Aunado a ello, los enfrentamientos han dejado altas tasas de letalidad y las detenciones no han contribuido a disminuir la incidencia delictiva: de 8,000 personas retenidas, solo seis fueron puestas a disposición del Ministerio Público por homicidio.

Del mismo modo, el control territorial por parte del Estado mexicano ha disminuido a medida que las organizaciones criminales ganan terreno. Enrique Cárdenas señaló que los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa han logrado extender su presencia en casi todo el país. Además, el segundo registra un índice de arrestos considerablemente menor (163) al del CJNG (683).

El empoderamiento de las fuerzas armadas ha determinado algunas decisiones desde el Ejecutivo federal. Se han evitado los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de proteger la imagen del ejército. A cambio, los proyectos del presidente reciben fuerza de trabajo incondicional y a bajo costo.

En términos de democracia, el poder militar se coloca por encima del civil. Advirtió Enrique Cárdenas: “Lo que vamos a ver es que quienes toman las decisiones no son funcionarios electos, bien o mal, por la gente. Será un cuerpo aparte que no tiene que rendir cuentas, que tiene su propio fuero y que ha mostrado su fuerza”.

El especialista insistió en que la militarización no es la solución para la inseguridad, especialmente si no se cuenta con una propuesta integral de acción. Ante un Ministerio Público rebasado, es necesario construir policías civiles capacitadas para prevenir y sancionar el crimen de forma transparente. En paráfrasis a Denise Dresser, concluyó: “¿A quién deben su lealtad los militares?, ¿a los presidentes, a los gobernadores o a la Constitución?”.