La reforma a seis ordenamientos legales en materia electoral, no sólo es inconstitucional, sino que erosiona cinco grandes pilares democráticos que ponen en riesgo la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de elecciones libres y, por tanto, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática -a través de los comicios- en el país, advirtió el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Al impartir la conferencia inaugural del seminario “Los estados en 2022, la nueva distribución partidista”, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, subrayó que los cambios legales nulifican las garantías constitucionales que hasta hoy han permitido elecciones libres y auténticas regidas por los principios de independencia, autonomía, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad “y por primera vez en 30 años pone en riesgo que el voto ciudadano se ejerza en libertad”.

De concretarse y validarse el Plan “B” de la reforma electoral en los tribunales, empezando por la Suprema Corte de Justicia, añadió, se corta la capacidad operativa del INE, se ponen en riesgo las elecciones y vuelve a meter al gobierno en la organización de comicios.

“Va a provocar que por primera vez, en los últimos 30 años, esté en riesgo lo que ya no era un problema en nuestro país; es decir, que se instalen casillas en donde deben estar, integradas por los funcionarios que son los ciudadanos que han sido seleccionados y capacitados para tal efecto y que nos permitan el cómputo preciso de los votos emitidos”.

La organización de las elecciones, continuó Lorenzo Córdova, “adolecerá de una falta de confianza y certeza que ha caracterizado los procesos electorales -que es la gran conquista de nuestra transición- como consecuencia, entre muchas otras cosas, pero de manera principal, al desmantelamiento de la estructura del INE y, en consecuencia, sus capacidades operativas.”

El llamado Plan “B” de la reforma electoral, explicó, implica cambios a seis ordenamientos legales -la Ley General de Sistemas de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Sistemas de Impugnación, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos- que son “una constelación de inconstitucionalidades”.

En riego cinco pilares democráticos

El consejero presidente Lorenzo Córdova aseguró que las reformas ponen en riesgo cinco pilares democráticos salvaguardados en la Constitución: autonomía e independencia de los órganos electorales; la existencia de un Servicio Profesional Electoral; la presencia permanente del INE en todo el territorio nacional a través de oficinas desconcentradas; un Padrón Electoral manejado con criterios técnicos, bajo la supervisión de partidos políticos, y condiciones de equidad en la competencia electoral.

Detalló que, de consolidarse la reforma electoral, desaparecen cargos y, en consecuencia, alrededor de 7 mil funcionarios del INE de los 17 mil 600 trabajadores que tiene actualmente; es decir, prácticamente la mitad del personal que hoy labora en el Instituto.

Asimismo, desaparece el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral (SPEN); es decir, que se reduciría a alrededor de 350 plazas de las dos mil 600 que hoy existen.

Córdova Vianello especificó que 792 de estas plazas forman parte del Registro Federal de Electores, es decir, “son los responsables de verificar la funcionalidad de los Módulos, la integridad de Padrón Electoral, la protección de los datos personales -incluido los biométricos- y la confección de los listados nominales que son fundamentales para que las elecciones sean ciertas y confiables “y la reforma sólo deja 32 plazas del Servicio Profesional Electoral dedicado a estas funciones”.

Otro ejemplo, agregó, son las 300 Juntas Distritales, conformadas por cinco integrantes del SPEN; el Vocal Ejecutivo, que es el que coordina los trabajos y preside los consejos distritales; el Vocal Secretario, que es el fedatario público que durante las elecciones da cuenta de lo que está ocurriendo y los partidos le piden atestiguar; el Vocal de Organización, que es el responsable de toda la logística, que estén los materiales, incluidas las boletas; el Vocal de Capacitación que es el responsable de vigilar que se insaculen, se sortee a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, el responsable de organizar el trabajo de campo y el Vocal del Registro Federal de Electores, que es el responsable de que la credencial y los Módulos funcionen bien.

La reforma, añadió Córdova, establece que en el plano distrital en lugar de cinco miembros del SPEN sólo habrá un Vocal operativo, que puede tener un asistente “y es el que va a realizar todas estas funciones que se realizan de manera simultánea, no es sólo una estafeta, todas estas actividades se realizan de manera simultánea”, además de que serán temporales las Juntas Distritales.

En riesgo autonomía e independencia del NE

A lo anterior se añade la trasgresión a la autonomía e independencia del INE, especificó Lorenzo Córdova. “Destituyen al Secretario Ejecutivo del Instituto, cuando ésa es una función que la Constitución le reserva al Consejo General del INE, al Secretario lo nombra y eventualmente lo destituye el Consejo General con una mayoría calificada de 8 de 11 votos”.

Además, el Órgano Interno de Control, al Contralor del Instituto, al que la Constitución otorgó sólo funciones fiscalizadoras, “se le hace parte de la estructura de decisión del INE, hoy desde la ley se le dan facultades que la Constitución no le confiere”.

Al personal de la rama administrativa, lo saca del régimen laboral del artículo 41 y lo coloca en el apartado B del artículo 123, “con lo que se viola lo que dice la Constitución, porque los trabajadores del INE no pueden estar sometidos a las directrices burocráticas de los órganos como la Secretaría del Trabajo, que forma parte de un gobierno, esa es una garantía de autonomía”.

Regresa intromisión del gobierno federal en la organización de las elecciones

A lo anterior, continuó, se suma que “se vuelve a meter al gobierno en la organización de las elecciones”, ya que la lista de electores mexicanos en el extranjero tiene que pasar por el visto bueno de la Secretaría de Relaciones Exteriores que es una institución del gobierno federal.

“La ley dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a validar el listado de los que pueden votar en las elecciones federales y locales desde el extranjero y además permite que esos votantes lo hagan aun sin tener Credencial para Votar con Fotografía, es decir, sin estar en el Padrón Electoral, bastará que enseñen el pasaporte y la matrícula consular, que son documentos que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), donde se tramitan las credenciales de elector, van a estar ubicados en escuelas y en oficinas gubernamentales “es decir, van a someter la operación de los módulos a las directrices de los gobiernos federales y locales”.

En materia de propaganda gubernamental, las modificaciones aprobadas distorsionan las reglas de equidad en la competencia ya que “cualquier funcionario público podrá legítimamente, desde su ejercicio como servidor público, interferir en los procesos electorales, criticar a los candidatos, a los partidos y apoyarlos”.

El consejero presidente anunció que el Instituto Nacional Electoral va a presentar controversias constitucionales, tanto por las dos leyes, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades que ya están vigentes, así como del paquete de cuatro leyes que seguramente serán publicadas el próximo mes de febrero.

Ante la catedrática Rosa María Mirón Lince y el Coordinador de la Cátedra, Fernando Castañeda Sabido, el Consejero Presidente hizo un recuento de la evolución de más de 30 años del sistema electoral a partir de reformas electorales que han permitido realizar elecciones con un índice de alternancia superior al 60 por ciento; cero conflictos postelectorales; garantizar el derecho a la identidad; un Padrón Electoral confiable y una autoridad electoral con un índice de confianza superior al 75 % y, a partir de ello, sostuvo que no era necesaria una reforma electoral.

“¿De verdad vamos a cambiar las reglas del juego, cuando, aunque sea ilegalmente el proceso electoral fácticamente ya arrancó? La prudencia nos llevaría a decir que no”.

La Coordinadora del Seminario Rosa María Mirón Lince mencionó que éste se realiza desde el 2009 con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras universidades e instituciones.

El objetivo es analizar las elecciones federales y locales “es un seminario que abarca, dependiendo del número de elecciones y de las mesas que tengamos y después se ha hecho una publicación cada año”.

En su intervención el coordinador de la Cátedra Francisco I. Madero, Fernando Castañeda Sabido refirió que un proceso electoral en el que participan todos los ciudadanos debe ser claro, tener certidumbre y legitimidad.

El poner en marcha esta reforma, previo a las elecciones 2024 “si no va a haber certidumbre, lo que nos espera es un horror, porque una parte de la población no va a creer en esa elección y no la va a legitimar. Y si alguien cree que en el siglo XXI se puede legitimar por el destino histórico de quién sabe qué subjetividad, pues no entiende nada de lo que está pasando”.