La movilización convocada por el Presidente de la República para este 27 de noviembre será la marcha más cara de la historia de México, pues se está presionando a los gobiernos estatales, municipales y delegacionales a usar recursos públicos con fines abiertamente político-electorales, aseveró el diputado Jorge Álvarez Máynez. coordinador del Grupo Parlamentario de MC.

“Esta movilización de Estado va a ser la marcha más cara de la historia del país, están presionando a los gobiernos estatales, municipales, delegacionales y, particularmente al de la Ciudad de México a usar recursos públicos para un fin que es abiertamente político-electoral”, sostuvo. 

El diputado indicó que de existir el uso de recursos públicos para promover la citada movilización se estaría incurriendo en el delito de peculado; sin embargo, hay que esperar a “recabar y documentar los ilícitos, y después proceder a denunciar”.

“Fui a Zacatecas la semana pasada y hay movilizaciones de todo tipo en los municipios, pero creo que hay que centrar la atención en dos fuentes: la Ciudad de México, que es donde se está metiendo más -la Jefa de Gobierno-, y los gobiernos estatales. Creo que esas son las principales fuentes de financiamiento para este operativo, esta movilización de Estado que le llamamos nosotros”, reiteró.

Por otro lado, cuestionado sobre la minuta que aumenta de seis a 12 días de vacaciones a las y los trabajadores en el primer año laboral, el diputado manifestó su apoyo a la propuesta, ya que fue una iniciativa que impulsó la senadora Patricia Mercado y, en la Cámara de Diputados, el legislador Sergio Barrera Sepúlveda, ambos de MC.

“Además, está comprobado que el cumplimiento de los derechos laborales no perjudica la productividad; al contrario, los trabajadores tienen mayor productividad en función del cumplimiento de prestaciones como vacaciones, descanso, recreación. Los derechos laborales incrementan la productividad”, comentó. 

Indicó que los beneficiados pueden ser aproximadamente 20 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

“Yo creo que podemos pensar en un mediano plazo, prácticamente todos los que están afiliados a un esquema de seguridad social y formal que deben de ser alrededor de 20 millones de personas, en el Estado tienen otro régimen, otro contrato colectivo”, aclaró. 

Foto: Cámara de Diputados