Un tribunal alemán multó al fabricante Heckler & Koch por 4.2 millones de dólares por el suministro de armas que terminaron en zonas de conflicto en México, algunas de ellas ligadas al caso Ayotzinapa.

La corte estatal de Stuttgart condenó también a un ex gerente de ventas por exportar armas sin permisos obtenidos fraudulentamente y a un ex secretario por complicidad, recibiendo sentencias suspendidas de 22 y 17 meses, respectivamente.

Asimismo, otros tres acusados -dos ex gerentes responsables de exportación y un subgerente de ventas- fueron absueltos.

La sentencia se refiere a la venta a la Secretaría de Defensa de México de 4 mil 219 rifles de asalto G36, 2 pistolas y mil 759 cartuchos entre 2006 y 2009.

Las armas fueron distribuidas por las autoridades mexicanas en los Estados de Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua, zonas vetadas por Alemania para realizar exportaciones debido a la falta de garantías en materia de derechos humanos.

El caso salió a la luz en 2010 cuando el activista alemán Juergen Graesslin, realizó una investigación y aseguró que los cuatro estados donde la firma distribuyó las armas estaban vinculados con el narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado del tribunal de Stuttgart, los empleados vinculados sabían que la información ofrecida por las autoridades mexicanas sobre el destino final de las armas no era fiable.

En el Estado de Guerrero, al sur de México, ocurrió en 2014 la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural en el Municipio de Iguala, en circunstancias que no han sido esclarecidas.

Desde entonces, no han cesado las especulaciones sobre el posible uso de armas alemanas en el caso.

Por su parte, el tribunal aclaró que el objeto del caso es exclusivamente la exportación ilegal.

«Lo que pasó después con esas armas no es competencia de este tribunal», explicó un vocero del tribunal de Stuttgart en llamada telefónica.

Con información de AP y El País Internacional