Con el fin de dotar al Estado de herramientas e instituciones que fortalezcan la política de combate al robo de combustibles, la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario del PT, propuso en conjunto con la senadora Geovanna Bañuelos y Cora Cecilia Pinedo, también integrantes del Partido del Trabajo, crear la Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos.

Al presentar la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo explicó que el objetivo es contar con personal calificado para investigar, prevenir y perseguir los delitos en materia de robo de hidrocarburos.

En tribuna, la legisladora del PT, señaló que desde hace más de una década el robo de combustibles empezó a ser un problema de gran escala para la seguridad y el patrimonio nacional, dado que el sector energético representa la segunda fuente de ingresos del país al aportar alrededor del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tenido pérdidas millonarias como consecuencia del robo de hidrocarburos en el que participan desde la delincuencia organizada, pasando por familias que se dedican a la venta al menudeo de combustible robado, hasta funcionarios públicos en activo que colaboran en las diversas modalidades de este ilícito penal”, mencionó.

De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, las pérdidas de Pemex por robo de hidrocarburos superaron los 65 mil millones de pesos en 2018. Lo que obligó al Ejecutivo a implementar una política de combate frontal al robo de combustibles que en lo que va del año ha logrado reducir de manera considerable este ilícito.

Se redujo de 56 mil barriles robados al dia en 2018 a 8 mil barriles diarios en febrero de 2019.

“Sin embargo, consideramos que dado el impacto negativo que tiene en términos sociales, de seguridad, en las finanzas y patrimonio de Pemex es necesario crear una Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos que cuente con el presupuesto y el personal calificado para procesar y castigar a quienes cometen estos ilìcitos”, apuntó De la Sierra Arámburo.

La representante por Puebla recordó que México ya cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que tiene como objeto establecer los delitos en particular y sanciones que serán aplicables en esta mnateria y establece las medidas necesarias para prevenir la comisión de los mismos o suspender sus efectos.

Tomando en cuenta que en la actual administración federal, se han iniciado más de 3 mil carpetas de investigación por el delito de robo de combustible, la senadora petista subrayó que es necesario contar con una fiscalía especializada que atienda esta problemática y le de un cauce legal justo.

“La efectividad de la política implementada está dando como resultado, en materia de procuración e impartición de justicia, que aumente el número de personas detenidas y relacionadas con la comisión de este tipo de delitos”, señaló la senadora.

Además, recordó que este ilícito ahora está contemplado en el Articulo 19 Constitucional con lo que amerita prisión preventiva oficiosa, por la cual, aseveró se requiere de ministerios públicos especializados en la procuración de justicia de este tipo de delitos para evitar una deficiente integración de las carpetas.

Lo anterior, aseguró, evitará que por falta de argumentos bien sustentados o del desahogo de medios de prueba, el o los responsables a quienes se les impute su participación o comisión del delito, obtengan su libertad y no cumplan con su responsabilidad penal.

“Los tres Poderes de la Unión deben de trabajar en unidad para poder combatir con total eficacia este delito”, concluyó.

El documento presentado a la Comisión Permanente , establece además que el titular Fiscalía General de la República informe mensualmente sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Y de forma anual, presentará ante el Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.