La senadora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra, presentó a nombre de su grupo parlamentario una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como fin combatir la violencia de género en los centros laborales en todo el país.

Al fundamentar la propuesta, De la Sierra explicó que se busca establecer la obligación a los centros de trabajo de contar con protocolos y mecanismos de prevención, los cuales deberán ser registrados ante la Secretaría del Trabajo y avalados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Asimismo, plantea que el Inmujeres emita los lineamientos y criterios mínimos para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual, con base en los estándares y mejores prácticas internacionales.

En la iniciativa que fue turnada para su análisis y dictaminación a las comisiones unidas para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Primera, De la Sierra destacó que los protocolos de actuación son necesarios para establecer los instrumentos de prevención del acoso sexual y sus sanciones para prevengan y eliminen estas prácticas.

En la exposición de motivos la legisladora destacó que el acoso en los centros de trabajo es una modalidad de violencia y de discriminación en contra de las mujeres que vulnera su derecho al trabajo, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad.

“El hostigamiento sexual afecta principalmente al género femenino, aunque no exclusivamente; vulnerando a la persona en su desarrollo personal, físico, social, psicológico y moral; además de que se violentan sus derechos humanos, agregó.

Señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el acoso como: “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”.

Por ello, puntualizó que es necesario que el Estado mexicano intervenga para que se establezca la obligatoriedad de contar con estos protocolos que garanticen y protejan los derechos de las víctimas.