Roberto Santacruz Fernández, ex director de la Facultad y Ciencias Sociales de la BUAP y docente de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, al abordar el nuevo Sistema de Justicia Penal y sus repercusiones en el tema de la “Seguridad”, destacó que a 11 años de haberse efectuado los cambios en la Constitución persisten los problemas de seguridad pública, de reinserción social y asuntos relacionados con el ámbito penal, donde falta capacitación a policías.
“Estamos en el 2019, el sistema no ha logrado lo que se quiere, tenemos muchos problemas, todos los días escuchamos que gran cantidad de personas que han violentado la normatividad penal quedan en libertad, que esto es una puerta giratoria, a qué se debe y por qué los jueces y magistrados dejan en libertad a todas estas personas que han violentado la norma que han cometido algún hecho delictuoso, y esto se debe a que realmente no hemos tenido la capacidad para poder realizar una investigación cierta, una investigación segura, una investigación fortalecida”, enfatizó.
En mesa de análisis la Seguridad Pública y El Sistema de Justicia Penal que se efectuó en las instalaciones de la Facultad y Ciencias Sociales de la BUAP, el docente destacó que aún falta una preparación fortalecida que se brinde a todos los policías así como preparar a los agentes del ministerio público, y que el problema que se presenta radica en la investigación.
“Ahora que tenemos policía primer respondiente, y luego ese policía que llega al lugar de la intervención llega otro policía que se llama policía investigador, y luego ese mismo lugar de intervención llega otro policía que dice ser policía con capacidad para procesar; tenemos ese problema de los policías, llegan tres tipos de policía al lugar de los hechos, al lugar de la intervención y uno de ellos debe de llenar un informe policial homologado”, detalló.
Acotó que urge aplicar medidas para el fortalecimiento y que se trabaje en equipo para efectuar la investigación de la persona detenida donde se da un lapso de 48 horas para que la policial investigue, que prácticamente suman 30 horas, tiempo que indicó “es demasiado reducido para dar un dictamen” y que se efectúe a fondo una “verdadera investigación”.
“Este sistema no ha florecido, este sistema no ha logrado las metas porque hemos tenido muchos problemas han habido muchos baches, muchos obstáculos para que este sistema realmente pueda aplicar una justicia. En estos 11 años prácticamente se inician en algunos estados implementándose en el año 2008 de forma proporcional regional, en el 2014 sale el código nacional de procedimientos penales con carácter de aplicarse ya de forma obligatoria, y en el 2016 se vence este término y existen algunos estados que a pesar de que ya tenían los ocho años para verlo implementado lo están implementando en el último momento”, señaló.
Fotos: Es Imagen / Daniel Casas