Las problemáticas de vida que enfrentan las y los adolescentes deben analizarse desde su punto de vista para que el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), junto con las aportaciones de los sistemas locales, pueda transformarse en políticas públicas transexenales, señaló la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Constanza Tort San Román.
Durante la sesión permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, Tort San Román abundó que este sector de la población necesita apoyos del Estado para la toma de decisiones sobre su forma de ser y de desarrollarse.
Es necesario traer al panorama público al sector poblacional de la adolescencia, que todas y todos sabemos que enfrenta conflictos y problemáticas, abundó durante la reunión en la que participan las secretarias y secretarios ejecutivos de los Sipinna locales.
En su oportunidad el director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia, Francisco Castellanos García, informó que, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la población de 12 a 17 años es de más de 13 millones en el país.
Apuntó que para atender a la adolescencia en México se requiere de un enfoque multidimensional ya que todas las etapas que conforman su ciclo de vida necesitan ser comprendidas para mejorar su desarrollo social y económico.
Comentó que frente a prejuicios adultocéntricos como considerarles irresponsables, rebeldes, impertinentes, culpables de violencias e inseguridad, se requiere reconocer la adolescencia como una etapa positiva de la vida, donde ellas y ellos han demostrado colaborar en campañas de salud y educación, dan apoyo familiar, aportan iniciativas de desarrollo comunitario como la creación artística, contribuyen en favor de la paz, los derechos humanos, la sostenibilidad del medio ambiente y la justicia climática.
Castellanos García puntualizó que frente a problemáticas adolescentes como embarazo adolescente, matrimonio infantil, adicciones, violencia, lesiones, mortalidad por homicidios, suicidios, deserción escolar, precarización del trabajo en edad permitida, migración, justicia para adolescentes en conflicto con la ley, entre otras, es necesario que las políticas públicas del Estado que les atienden sean integrales y se destinen recursos presupuestales adecuados.
Subrayó que las políticas públicas enfocadas a la adolescencia deben partir de una perspectiva de derechos humanos y mencionó algunas sugerencias:
Involucrar en mayor medida a las autoridades locales y municipales en la protección de los derechos de las y los adolescentes, como autoridades de contacto directo con el grupo de población para atender sus necesidades y prevenir sus riesgos.
Dar cumplimiento a los Acuerdos asumidos por el pleno del Sippina nacional, mismos que fueron asumidos por la Conferencia Nacional de Gobernadores en 2017 y 2018, los que dan respuesta a las recomendaciones internacionales y fijan la visión de política hacia 2030.
Cumplir el mandato constitucional de establecer un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como sujetos de derechos y de protección integral, con leyes que contengan un enfoque preventivo y no punitivo, así donde también se establezca una visión de seguridad humana, reinserción social y reintegración familiar.
Fortalecer las acciones encaminadas a la desnormalización de los estereotipos y prejuicios existentes contra las y los adolescentes, cuyo resultado es la limitación para el pleno ejercicio de sus derechos.