En el marco del Foro “El Sistema de Justicia Penal en México: ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?”, la legisladora del Partido del Trabajo, resaltó que con las reformas constitucionales en materia de justicia penal del 2011, donde los derechos humanos son el eje rector, México logró un gran avance como nación, al hacer la transición de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio.

“La reforma ha elevado significativamente la claridad de los jueces al emitir sus sentencias, ha permitido impartir justicia pronta y expedita, así como asegurar una presentación justa de las pruebas”, mencionó.

No obstante, subrayó que aún existen retos en el Estado mexicano para garantizar el pleno acceso a la justicia, “hay instituciones por capacitar, ciertos ministerios públicos y cuerpos policíacos”.

De la Sierra Arámburo señaló que si la justicia se ve desde diferentes perspectivas, se podrá notar que hay grupos de personas en situación de particular vulnerabilidad como las mujeres que pasan por graves violaciones a sus derechos por razón de género.

“Otro ejemplo, y lo he tratado muy de cerca, son las personas con discapacidad, para quienes necesitamos implementar medidas que eliminen los obstáculos que la sociedad les ha impuesto para realizar sus proyectos de vida”, apuntó.

Por ello, dijo, como legisladores tenemos la responsabilidad de materializar el acceso a la justicia por medio de políticas públicas efectivas, que eliminen la desigualdad entre estos grupos de personas y el resto de la población.

“Después de todo, la justicia es un instrumento para la transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión y la pobreza”, concluyó.