La diputada Maricruz Roblero Gordillo (PT) aseguró que la decisión del gobierno de México de restringir el tráfico terrestre para actividades no esenciales en la frontera sur obedece a la necesidad de evitar que células delictivas lucren con el tráfico de personas, además de controlar los contagios asociados al Covid-19.
Durante la reunión de la comisión de Asuntos Frontera Sur, la legisladora dijo que dicha determinación es fundamental, ya que según cifras de la Secretaría de Gobernación se ha detectado un incremento en el flujo de menores de edad que atraviesan territorio mexicano, al ser utilizados como pasaporte de tránsito para llegar al norte de nuestro país junto a otros migrantes.
“Dicho panorama es preocupante ya que los expone a grupos criminales que buscan sacar ventaja de su vulnerabilidad, además de la incertidumbre que generan en nuestra población al desconocer las condiciones sanitarias de la gente que viaja en las caravanas que se dirigen hacia el norte de nuestra nación”, sostuvo en un comunicado la parlamentaria chiapaneca.
Afirmó que si bien nuestro gobierno ha recibido críticas por tales medidas, no debe perderse de vista que éstas son las adecuadas para protegerlos, sobre todo a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de que es necesario hacer un alto para reconfigurar el escenario actual derivado de la pandemia y los desastres naturales que han azotado la región.
“Tan sólo el 18 de marzo, un día antes del anuncio del cierre, fueron interceptados tres tractocamiones que transportaban alrededor de 300 personas en condiciones infrahumanas, muestra de que es imperioso actuar de la manera en la que se está haciendo, para evitar que este tipo de actos puedan derivar en pérdidas humanas”, detalló.
Resaltó que si bien el cierre de la frontera traerá retos importantes, ya que incidirá en las dinámicas socioeconómicas de la zona, estas acciones deben respaldarse ya que es imprescindible controlar la pandemia para volver a dinamizar el comercio y como consecuencia beneficiar a los que han sido afectados.
“México ha sido un país fraterno. Ninguna otra administración había volteado la mirada a Centroamérica, como la actual, y es por esa razón que la Comisión de Asuntos Frontera Sur debe coadyuvar, vigilar y dar seguimiento para que tales medidas se realicen bajo una visión de derechos humanos para todos, sean mexicanos o no y en todo nuestro territorio”, finalizó.