La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), se reunió con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, con el propósito de conocer la perspectiva de este ente en materia de rendición de cuentas.

El legislador resaltó que esta instancia tiene el objetivo de fomentar el gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos republicanos, con el fin de llevar a cabo la revisión de cerca de 15 leyes que promueven la transparencia y anticorrupción.

Indicó que el primer paso será precisar cuáles son las atribuciones de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia, y la relación que tienen con los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción, el de Archivos y de Fiscalización, así como las atribuciones de las entidades que hacen trabajos de auditoría y fiscalización.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) indicó que la corrupción es el principal flagelo que afecta a nuestro país; las leyes, las instituciones, los sistemas y mecanismos para combatirla y erradicarla son el trabajo conjunto de los actores comprometidos con la atención a este gran problema que impacta de manera negativa los niveles de pobreza, desigualdad, violencia e impunidad.

Del mismo grupo parlamentario, la legisladora Dulce María Corina Villegas preguntó al titular de la ASF si se realizan auditorías de los megaproyectos y cuándo se entregarán resultados, porque la transparencia presupuestaria fortalece la rendición de cuentas, la legitimidad, la integridad, la participación ciudadana, lo cual contribuye a mejorar la confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) comentó que la auditoría es una institución noble, porque sirve para vigilar el dinero que aporta la ciudadanía y con una tarea más allá de las sanciones debe ser un instrumento para evitar actos de corrupción y ser una aliada de los gobiernos y de los servidores públicos.

La también diputada panista, Patricia Terrazas Baca, externó su preocupación por la partida secreta en los proyectos impulsados en esta administración, esto después de haber emitido un decreto de cuestionable legalidad para blindar los gastos de sus obras de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, donde presuntamente se beneficia a la familia y allegados del mandatario, por lo que preguntó al funcionario cómo impactará este hecho en la planeación de las auditorías y qué herramientas requiere la ASF para fortalecerse.

El legislador Augusto Gómez Villanueva (PRI) dijo que la complejidad del trabajo con el auditor y su equipo en los comentarios que han hecho, demuestra un proceso de transformaciones que van respondiendo a las demandas de la opinión pública nacional en torno a la información sobre el ejercicio de la Cuenta Pública y los avances que se han logrado.

También del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz comentó que esta reunión es para externar distintas inquietudes y buscar que el trabajo de la Auditoría tenga un sentido para quienes forman parte del órgano legislativo. “Gobierne quien gobierne, deberíamos de acelerar los mecanismos entre lo que implica la auditoría y la evaluación del gasto para poder realmente incidir en la calidad del gasto”, agregó.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) señaló que su fracción está aliada para lograr los fines que le competen a un órgano especializado como es la ASF, pues la transparencia coadyuva a impulsar la rendición de cuentas no sólo al interior del trabajo que realiza la institución, sino de la ciudadanía por el bien del país.

A través de la plataforma Zoom, la diputada Valeria Santiago Barrientos (PVEM) señaló que se ha instaurado una forma diferente de construir el presupuesto y de ejercer los recursos que son de todos los mexicanos. “Es el momento de ajustarnos a la austeridad que nos exige la ciudadanía y para ello es fundamental la labor de la ASF. Asimismo, resulta esencial para las democracias contar con ejercicios de rendición de cuentas”.

Del PT, el diputado Jesús Fernando García Hernández expuso que la tarea de la ASF es fundamental, porque fiscaliza el uso de los recursos públicos de los entes públicos y privados que han recaudado, administrado o ejercido la Federación; pidió al funcionario detallar cuáles son las acciones para acceder a un cumplimiento cabal de las facultades que por ley son conferidas con el fin de devolverle a la ciudadanía la confianza en las instituciones.

De MC, el diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro apuntó que el trabajo de la ASF es de los más importantes para la democracia, por lo que preguntó si los programas de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y Jóvenes Construyendo el Futuro tienen observaciones, y en caso de haberlas, si ya fueron subsanadas; además, preguntó cómo incide el presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud en esta población.

De la misma bancada, la legisladora Amalia Dolores García Medina manifestó que es importante que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción porque es parte del empuje para que haya transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y que no haya impunidad. “México es uno de los países con una de las más altas tasas de impunidad en el planeta, uno de los 10 con mayor impunidad y lo que se requiere es que se tomen medidas”.

La demanda

En su participación inicial, el auditor Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, afirmó que es necesario avanzar en el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y perfeccionar los mecanismos de transparencia con el objetivo de no burocratizar este proceso.

Añadió que la ASF es parte de los siete organismos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y es la única institución que participa en los cuatro sistemas: el de Anticorrupción, Transparencia, Fiscalización y el de Archivos; por eso “estamos convencidos de que debe fortalecerse lo que existe para que tenga una experiencia más intensa, y eso se logra a través del diálogo”.

Planteó que ante la desigualdad que hay en el país las auditorías no pueden ser iguales, por ello anunció que se ha cambiado el enfoque por medio de la realización de un convenio administrativo en materia de fiscalización, el cual será firmado por todas las entidades federativas para fortalecer el gasto.

Refirió que durante la pandemia se hizo un esfuerzo para desarrollar un sistema de fiscalización mediante el buzón digital, propuesta que fue aprobada por el Congreso por unanimidad.

En este sentido, expuso que en la Cuenta Pública 2020 ya se realizaron auditorías digitales en materia de gasto federalizado y en cumplimiento del desempeño se prevé que para el 2021 este proceso crezca en un 130 por ciento.

Auditoría forense

Al dar respuesta a las diferentes preguntas de las y los diputados, el auditor David Rogelio Colmenares Páramo comentó que en relación con la coordinación de las auditorías de los estados, ha sido complicado lo que sucede en las entidades; sin embargo, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se dio la facultad a la ASF de que en caso de ser necesario se puede recurrir, por medio de convenios con auditorías estatales, a acciones de acompañamiento en materia de fiscalización y recaudación.

Se presentará a las entidades la propuesta de convenio de colaboración para la fiscalización. Por eso se creó la auditoría forense del gasto federalizado, y se tendrán avances en el corto plazo.

Respecto a su presupuesto, comentó que no ha tenido un aumento sustancial en términos reales; no obstante, indicó: son de los pocos entes que han logrado transparentar sus recursos apegados al decreto de austeridad.

Colmenares Páramo expresó que en relación con el decreto y con los temas que ya están clasificados como de seguridad nacional, “nunca hemos tenido ningún problema para la realización de las auditorías”.

Añadió que se llevan a cabo auditorías de todas las obras públicas relevantes, de los programas sociales. “Ha habido un cambio, porque ahora hay mayor participación de las dependencias y se han establecidos grupos de trabajo, para la aclaración de los temas y los resultados se darán el próximo febrero”.

Resaltó que la ASF trabaja en la revisión de la Cuenta Pública 2020 y aclarando la relativa al 2019; no obstante, reconoció que les hace falta el tiempo real, porque permitiría evitar el desvío de recursos y se gaste con un enfoque preventivo, por lo que solicitó a los legisladores trabajar en la materia.

Participación de funcionarios de la ASF

Marciano Cruz Ángeles, director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos, indicó que la ASF ha realizado un sistema denominado SICAP, plataforma Web que está a disposición de los distintos entes de los municipios y entidades federativas para que registren sus operaciones en la aplicación del gasto federalizado en materia de proveedores y contratos, y adquisiciones.

Areli Cano Guadiana, directora general de Transparencia de la ASF, explicó que uno de los puntos torales ha sido la transparencia, por ello se creó un área específica en el tema, para garantizar el derecho de acceso a la información de datos personales y atender el rubro de rendición de cuentas. Se atienden mil 200 solicitudes de acceso a la información anual, lo que convierte a la ASF en una instancia de insumos informativos para la sociedad.

María Guadalupe Toscano Nicolás, directora de Evaluación y Planeación de la Auditoría, refirió que este ente tiene, por primera vez, un plan estratégico institucional diseñado con las unidades administrativas, estableciendo metas numéricas y áreas de responsabilidad sobre el logro de objetivos, a fin de saber hacia dónde se va en términos de resultados institucionales.

Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, explicó que todo aquello que no es aclarado deriva en el procedimiento jurídico de responsabilidades resarcitorias, en donde concluye la interacción ASF-ente auditado, y empieza una interacción entre la Auditoría y servidores públicos que pudieron haber causado un daño patrimonial. El número histórico de procedimientos de esta índole asciende a 4 mil 794 procedimientos. “En la página de internet de la Auditoría hay un listado de servidores públicos, personas físicas y morales, que han sido sancionados: 2 mil 769 personas”.

Se declara en sesión permanente

Posteriormente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks declaró la Comisión en sesión permanente y citó para su continuación el próximo jueves 9 de diciembre, con el objetivo de analizar dictámenes, que dan seguimiento a la transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, comentó que ese mismo día se llevará a cabo, en el Pleno de la Cámara de Diputados, una efeméride respecto al “Día Internacional contra la Corrupción”.

Foto: Cámara de Diputados