Las cárceles deben asumirse como espacios públicos en donde la acción colectiva contribuye a la protección de los derechos humanos y a la igualdad de condiciones.

A través de un título de ejecución penal, tanto los jueces penales como las autoridades de los centros penitenciarios reciben la encomienda de hacer cumplir una resolución judicial privativa de la libertad. La prisión preventiva y las sentencias constituyen los mandatos mediante los cuales se puede disponer que una persona ingrese en una cárcel.

El objetivo de la prisión preventiva es cumplir con el aseguramiento de la persona imputada durante la resolución de su caso, mientras que el de la sentencia se relaciona con la prevención de la reincidencia en el delito y las acciones vengativas. En ambos casos, las condiciones del internamiento son causa de debates por sus múltiples vulneraciones a los derechos humanos.

Al respecto expuso el Mtro. Miguel Sarre Iguíniz durante el cierre de la Cátedra Ellacuría, espacio formativo de la IBERO Puebla que situó su edición de 2021 en el décimo aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el balance general en la materia.

Una de las cuentas pendientes recae en la creación de prisiones dignas, las cuales deben entenderse como espacios públicos. A diferencia de las plazas populares, los reclusorios no han sido reconocidos como lugares que pertenecen a la ciudadanía y donde sus voces pueden ser escuchadas. Es así que, en el escenario penal, los ombúdsmanes cumplen con labores de observación, pero no de incidencia.

Al igual que los organismos autónomos, las asociaciones civiles pueden exigir legitimaciones procesales para contar con la facultad jurídica necesaria para denunciar las impunidades e injusticias al interior de los centros penitenciarios. “Hacer justicia en reclusión significa darle a cada quién lo suyo y quitarle lo que no es suyo a quienes tienen privilegios”, aseguró Sarre.

El arraigo con ciertos beneficios prevalece como una práctica que preocupa a un sector de los juristas. No obstante, los recursos para suprimir los privilegios carcelarios pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos, particularmente en cuestiones de seguridad y hacinamiento. Para salir de la controversia, es necesario denunciar las condiciones inapropiadas en las que viven todos los reclusos.

Las penas deben cumplirse en términos cuantitativos, pero también cualitativos. Ante el argumento de que las condiciones y presupuestos no son suficientes para cumplir con estos requisitos, las autoridades en materia de ejecución penal (secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación) deben articular planes para asegurar el respeto a la dignidad de los internos.

Una de las alternativas consiste en la construcción de más penales para contrarrestar el hacinamiento y sus efectos (más del 40% de los penales en México están sobrepoblados). Al respecto, y a sabiendas de la polémica que genera la cultura punitiva, Miguel Sarre argumentó que “el deseo de que no haya más prisiones no debe constituir un pretexto para que se sigan violando los derechos humanos de quienes hoy están en prisión”.

El derecho de ejecución penal tiene que ver con lo que un juez de ejecución puede hacer en el presente, mas no en el futuro: no le corresponde pensar si las sentencias contribuirán a la reformación de la persona privada de la libertad, sino en velar por la legalidad del internamiento.

Una prisión con ley es aquella donde no hay privilegios ni abusos, pero no se relaciona con lo que ocurra con la persona una vez que recupere su libertad. Bajo este principio, las personas involucradas en la ejecución y cumplimiento de las sentencias deben enfocarse en la protección de los derechos de los internos, no en la garantía de que no existan reincidencias en el delito.

Sobre si la prisión contribuye o no a la rehabilitación de las personas, Sarre Iguíniz retomó las palabras del juez ecuatoriano Ramiro Ávila Santamaría, quien considera que este proceso atenta contra la dignidad de las personas. Por ello, exhortó a “entrar en el objetivo de hacer una prisión con ley basada en la justiciabilidad y en la secularización de la ejecución penal vista en tiempos presentes para garantizar condiciones de vida digna en reclusión”, concluyó.