La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) presentó una iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 3, una fracción VIII al artículo 3 Bis y la fracción XVI al artículo 4, recorriéndose la subsecuente, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para visibilizar la atención y participación de los jóvenes con discapacidad, y contribuir a alcanzar una igualdad sustantiva.

Planteó que el Instituto proponga al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, educación y trabajo de los jóvenes con discapacidad, así como la accesibilidad de los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias.

Asimismo, sugiera acciones y estrategias que contribuyan a la inclusión y al desarrollo de los jóvenes con discapacidad

También, que consulte en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las políticas, acciones, programas, cursos de orientación e información sobre jóvenes con discapacidad; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones.

La iniciativa busca incorporar de manera expresa la atención y participación de los jóvenes con discapacidad en el objeto y atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud; además, pretende complementar la colaboración del Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud, incluyendo estrategias en beneficio de los jóvenes con discapacidad.

Indica que alcanzar una sociedad justa e igualitaria pasa por diseñar e instrumentar políticas y programas que respeten y permitan ejercer los derechos humanos de todos. Por eso, resultan necesarias las acciones públicas y privadas que buscan igualar los derechos y las condiciones de los grupos en desventaja o vulnerables.

Señala que las personas con discapacidad tienen menos posibilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en condiciones de igualdad en la vida comunitaria.

De acuerdo a la información del Censo 2020, se observa que la población del país sigue siendo joven y que más de 6 millones de personas tienen alguna discapacidad; asimismo, a pesar de los programas e instituciones que se han creado para la atención de estos sectores de la población, los jóvenes y las personas con alguna discapacidad siguen teniendo problemas de acceso a los ámbitos esenciales para su desarrollo, menciona.

Destaca la importancia de reconocer que la atención a las distintas necesidades de los jóvenes con discapacidad se refiere a la igualdad sustantiva, y esta igualdad exige que la atención a su salud se ofrezca de una manera digna y respetuosa, que no discrimine o perpetúe su marginación.

Resalta que para este grupo con discapacidad que no cuenta con la posibilidad de acceder a nuevas y mejores oportunidades laborales, con una remuneración acorde al trabajo realizado, así como a prestaciones básicas de ley, queda sin oportunidades de desarrollo y en espera de que se instrumente una verdadera política de inclusión laboral.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual para dictamen.