Especialistas en el tema de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido —de los ámbitos jurídico, filosófico y médico— coincidieron en que se debe reconocer en las leyes federales y locales todas las opciones para que las personas con una enfermedad terminal cuenten con la posibilidad de tener una muerte digna y sin dolor.

Durante el foro “Muerte digna y sin dolor”, organizado de manera semipresencial por el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC), secretario de la Comisión de Salud, los especialistas señalaron que la muerte médicamente asistida debe reconocerse en el marco jurídico del país de manera integral, y no con un enfoque limitado y parcial como sucede con el tema de cuidados paliativos para enfermos terminales.

María Asunción Álvarez del Río, presidenta de la Federación Mundial de las Sociedades por el Derecho a Morir con Dignidad, al dictar una conferencia magistral, señaló que se habla de muerte digna y sin dolor únicamente en el contexto de la atención médica, en donde se toman en cuenta los valores y decisiones de los pacientes cuya enfermedad no tiene remedio.

Señaló que las cinco opciones o medios para lograr una muerte digna son: 1) evitar o rechazar tratamientos; 2) los cuidados paliativos; 3) la voluntad anticipada; 4) el suicidio médicamente asistido, cuando existe la voluntad y petición del paciente, y 5) la eutanasia o muerte médicamente asistida.

Consideró que todos estos medios de muerte digna deben ser plasmadas en el marco jurídico del país, no para aplicarlas de manera generalizada, sino como otras opciones para los pacientes en etapa terminal, “y la parte más difícil de incluirlas en la ley será construir y redactar los criterios de aplicación».

El enfoque jurídico

En la primera mesa del foro, titulada “Discusión jurídica sobre una posible reforma legal y/o constitucional”, los ponentes señalaron la necesidad de reformar, prioritariamente, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y las leyes locales. Asimismo, algunos plantearon que la Constitución federal debería reformarse para incluir el concepto de vida digna y muerte digna.

María de Jesús Medina Arellano, coordinadora académica del Diplomado en Salud y Bioderecho de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refirió a la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que ésta señala el derecho a una vida digna, y ello, dijo, da paso al derecho a la muerte digna.

Destacó que el derecho a la vida no supone la obligación de vivirla, «pero muchas personas siguen siendo discriminadas respecto a cómo morir, por lo que el tema de la muerte digna, al no estar regulada, se vuelve un asunto de privilegiados, y sólo aquellos que cuentan con los recursos monetarios para hacerlo pueden decidir”.

Mariana Doberning Gago, profesora de Bioética, Derecho y Personas y Familia, de la Universidad Iberoamericana, hizo una relatoría de los casos relacionados con la muerte digna a nivel internacional que se han llevado a tribunales, y que han derivado en controversias entre el ámbito legislativo y judicial, con resultados favorables para los pacientes.

Recomendó tomar como referencia el caso de Colombia donde está reconocido el derecho a la vida digna, pero no el derecho a la muerte digna, lo que ha generado que el poder Judicial emita sentencias, sentando jurisprudencia, de que la muerte digna es un componente del derecho a la vida digna.

Nasheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, comentó que el tema de vida digna contempla tres esferas; 1) cuidados paliativos; 2) suicidio médicamente asistido, y 3) eutanasia, pero en México, las legislaciones que existen al respecto sólo se limitan a los cuidados paliativos, dejando fuera dos de los componentes de la muerte digna.

Refirió que en 2017 la Constitución de la Ciudad de México incluyó el término “muerte digna” y lo elevó a rango de derecho, y fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la resolución fue favorable y el concepto continuó plasmado en la Carta Magna local.

Lourdes Motta Murguía, vicepresidenta para la Evaluación y el Desempeño de “Tómatelo a Pecho A.C.”, consideró que para garantizar una muerte digna no es necesario reformar la Constitución federal, ya que basta con reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

Asimismo, dijo que hay que ir más allá del enfoque médico en el tema de la muerte digna, y considerar la perspectiva de derechos humanos.

La visión filosófica

En la mesa 2, titulada “Discusión filosófica sobre la muerte digna y sin dolor”, Juan Antonio Cruz Parcero, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, explicó que la eutanasia no es un homicidio, ya que se necesita contar con la voluntad de la persona interesada u obrar en su beneficio, cuando la vida ha dejado de ser un bien y se ha convertido en un mal, es decir, “cuando la vida ya no se considera digna y no hay esperanza de que vuelva a serlo” debido al sufrimiento ocasionado por alguna enfermedad.

Apuntó que la eutanasia pasiva (ortotanasia) es dejar morir a la persona sin intervención, y la eutanasia activa es cuando interviene un tercero, y ambas están justificadas desde la perspectiva filosófica y moral, tomando en cuenta los principios de benevolencia y autonomía de la persona, el primero para la eutanasia no voluntaria (cuando no hay petición del paciente por estar impedido para hacerlo), y el segundo para la eutanasia voluntaria (cuando hay petición del paciente).

Rafael Estada Michel, coordinador de Acceso a la Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cuestionó desde la perspectiva filosófica y etimológica tres conceptos asociados al tema de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido: dignidad, prolongación innecesaria la vida y mantener la vida de manera natural.

Señaló que si se pretende reformar la legislación, se debe buscar una redacción y justificación complejas que no haga uso de conceptos sin definiciones concretas que puedan dar lugar a ambigüedades; “¿qué es lo digno?, ¿qué es lo innecesario? Este concepto no es antónimo de conveniente y lo requerido, ¿dónde termina la vida natural cuando la medicina, de manera artificial, es la que ha aumentado la longevidad?, cuestionó”

La perspectiva médica

En la última mesa, denominada “Discusión médica y bioética sobre la muerte digna y sin dolor”, Jennifer Hincapie Sánchez, coordinadora del Programa Institucional de Ética y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que legislar sobre la muerte digna de manera adecuada fomenta en la ciudadanía la toma de decisiones autónomas en pro de su plan de vida, “legislar sobre la eutanasia no quiere decir que a todas las personas que tengan una enfermedad terminal se les va a aplicar, la eutanasia requiere una decisión del paciente”.

Destacó que la muerte digna y sin dolor no se puede reducir a la regulación e implementación de los cuidados paliativos y voluntad anticipada, “porque eso es una visión reduccionista”. El Estado debe proporcionar todas las opciones a los ciudadanos.

Patricio Santillán Doherty, titular de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud, comentó que uno de los objetivos de la medicina, que casi no se toma en cuenta, es evitar la muerte prematura y propiciar una muerte en paz, que está a la par de otros propósitos como curar, preservar la salud y aliviar el dolor.

Consideró que dar diferentes matices y adjetivos a la eutanasia no ayuda en la práctica diaria de la medicina, por lo que sugirió tomar en cuenta el concepto médico moderno de eutanasia «que es el acto o procedimiento por parte de un médico para producir la muerte sin dolor de un paciente a petición de éste, y existe el suicidio médicamente asistido que es la prescripción de una combinación de fármacos para que un paciente termine su vida cuando lo desee».

Finalmente, Felicia Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, señaló que el sistema de salud de México los últimos cuatro años ha tenido una carencia de opiáceos para los cuidados paliativos de los enfermos terminales, “ha reducido la adquisición de morfina».

Señaló que el acceso a la morfina que compra México sólo alcanza para atender medianamente al 20% de los enfermos terminales, por lo que el resto de los pacientes están muriendo con dolor por falta de opiáceos, “lo cual es indigno”.

En el foro participaron el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud; la diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI), secretaria de esa misma Comisión, y el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC.