El diputado Jaime Bueno Zertuche, del PRI, presentó una iniciativa para establecer que el Programa Nacional de Vivienda deberá contener las estrategias de identificación, recuperación y rehabilitación de vivienda abandonada, así como el de su entorno habitacional.

La propuesta, que adiciona una fracción al artículo 8 de la Ley de Vivienda, fue turnada a la Comisión de Vivienda para su análisis y dictamen.

Refiere que a nivel nacional, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registran 6 millones 155 mil viviendas abandonadas en el país.

De éstas, precisa que el Estado de México concentra el 10 por ciento del total con 611 mil 159, le sigue Veracruz con 474 mil, Jalisco con 451 mil 590, Michoacán con 313 mil 707, y Guanajuato con 313 mil 437.

En la fundamentación se explica que la vivienda abandonada es aquella que no se encuentra ocupada, que está sin mobiliario y sin mantenimiento, es decir que muestra características intermedias de deterioro de la garantía, se observa el descuido del inmueble como pasto crecido, acumulación de correspondencia, desgaste de pintura, etcétera.

Indica que el abandono de este tipo de inmueble es un fenómeno socioespacial cuya relevancia no sólo se limita a la pérdida económica de desarrolladores e instituciones de crédito, ya que tiene repercusiones negativas a nivel micro si se considera al resto de los habitantes del conjunto, y a nivel macro cuando toma como referencia al sistema urbano.

Menciona entre las causas identificadas que la vivienda está lejos de los bienes, servicios públicos y el empleo. Los derechohabientes las adquieren sin intención de habitarla y la situación económica de la ciudad genera que no tengan posibilidad de pagar el crédito hipotecario adquirido.

También, que la mala calidad de la vivienda no permite la habitabilidad adecuada de las mismas (tamaño, diseño, materiales), que fueron construidas en zonas de riesgo por factores naturales (inundación, suelos inestables) y se localizan en zonas inseguras por factores sociales como violencia, delincuencia y enajenación.

Foto: Cámara de Diputados