La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que es necesario redefinir la legislación para combatir la trata de personas, ya que la normatividad existente está rebasada y resulta insuficiente para enfrentar este fenómeno delictivo.

Durante los Diálogos Parlamentarios sobre la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos contra la Trata”, la legisladora indicó que es urgente que se atienda de inmediato el fenómeno de la desaparición de adolescentes y mujeres de 15 a 25 años en nuestro país, pues no se trata de un problema aislado.

Destacó que el combate a la trata de personas es vital para lograr un mejor país, así como para salvaguardar los derechos de niñas, niños, adolescentes y de la población en general.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, refirió, la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo. Se estima que hay 5.4 millones de víctimas a nivel internacional, una de cada cuatro es menor de 18 años.

Señaló que las penas que se establecen en la legislación actual son muy bajas y no corresponden ni son proporcionales con el daño causado en materia de trata de personas. Además, denunció que existe una falta de profesionalización, especialmente en fiscales, ya que no se incluye la perspectiva de género.

Sánchez Cordero destacó la urgencia de actualizar los tipos penales a la nueva realidad, ya que, actualmente, se omiten supuestos fácticos como la seducción a las personas menores y mayores de edad, con la supuesta finalidad de formar una familia.

“Tenemos que cambiar esta realidad a partir de cambiar la normativa, a partir de cambiar el tipo o los diversos tipos de trata de personas. Y la tenemos que cambiar a partir de modificar esta Ley, de cambiar el derecho”, sostuvo la senadora.

Por tal motivo, refirió que ya presentó una iniciativa que plantea modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas; y también para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, con la cual, precisó, se busca colmar las necesidades latentes de la legislación vigente.

La senadora Gabriela López Gómez, presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, señaló que México es uno de los países con más casos de trata de personas con fines de explotación y mendicidad de menores, pues a nivel mundial ocupamos el tercer lugar en ese delito.

Además, refirió que la Organización Internacional A21 estima que 300 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos, son víctimas de trabajos forzados o de pornografía infantil.

La legisladora de Morena lamentó que, a pesar de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos, continúan los vacíos legales que generan deficiencias en la persecución y sanción de este flagelo.

El presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Luis David Ortiz Salinas, expresó que comprender este fenómeno implica realizar un estudio multidisciplinario en el que se identifiquen los elementos generales y particulares que le subyacen.

“Esta problemática obliga a mantener siempre una agenda actualizada de los marcos jurídicos, pues a la fecha es claro que la norma requiere ser renovada; debido a que conocer este fenómeno contra el que se pretende luchar, es esencial para valorar la idoneidad de las leyes adoptadas para reaccionar contra este flagelo”.

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que la normatividad sobre la trata de personas es un problema que le preocupa a toda la sociedad, por lo que es urgente modificar el marco jurídico actual.

En ese tenor, propuso que la nueva normativa incluya la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, coincidió en que las penas en la materia deben aumentar, pues no sólo es la trata, sino que viene acompañada de delitos sexuales.

Christian Hernández Robledo, coordinador de Estrategias de Monitoreo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), dijo que sólo en uno por ciento de los casos de trata de personas se obtiene una sentencia condenatoria, es decir, existe un 99 por ciento de impunidad.

En ese sentido, señaló que desde la CONAVIM se sugiere que se considere este ilícito como un ejercicio de violencia en razón de género, ya que se trata de un proceso sistemático de vulneración de los derechos de las mujeres, en un contexto de impunidad social. Sin ello, afirmó, se dificultará el castigo de los delitos, así como la reparación del daño.

Denisse López Alvirde, especialista en seguridad y trata de personas, denunció que, a raíz de la pandemia por Covid-19, los enganches con fines de trata de personas, así como para explotación sexual y laboral, aumentaron alarmantemente por el uso de redes sociodigitales.

Propuso la creación de un cuerpo de mujeres policías con experiencia operativa que ayude a investigar y atender este tipo de delitos, ya que tienen mayor sensibilidad para combatir la trata de personas.

La coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes (GIEV), Pilar Barros, afirmó que se debe establecer una ley adecuada a la actualidad, ya que es la hoja de ruta que da el marco de actuación para los tres órdenes de gobierno.

Por parte del Instituto Belisario Domínguez, Irma Kánter, destacó que la iniciativa en la materia reconoce que la trata de personas no necesariamente involucra al crimen organizado, sino que puede ser una conducta de omisión. Además, dijo, crea un piso mínimo para homogenizar las acciones del combate al delito, al definir las acciones de los tres órdenes de gobierno.