El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, dijo Gobierno del Estado y el Congreso local están limitados jurídicamente para poder revertir el contrato del agua entregado en el 2014 al consorcio Concesiones Integrales por 30 años; sin embargo, la actual administración busca una salida para recuperar ese manejo, porque el agua sigue siendo un derecho constitucional.

Calificó como positivo que 189 ciudadanos hayan ganado amparos para defenderse, y que un Juzgado Federal consideré que es inconstitucional el acuerdo de tarifa.

Además, aseguró que mientras no se revierta el contrato de concesión del agua reformarán la ley para obligar a la empresa Agua de Puebla para Todos que brinde un servicio de calidad con precios justos.

“Pero de que lo vamos a deshacer lo vamos a deshacer, nosotros podríamos en este momento desconocerlo, pero nos vendrían multas de miles de millones de pesos que afectarían las finanzas del estado. No podemos hacerlo de esa manera sino de la forma correcta y mientras tanto vamos a garantizar que se mejore el servicio con tarifas justas y tomar al agua como lo que es un derecho humano y no un negocio”, comentó.

En este sentido, señaló que se mantienen en el análisis de la ruta jurídica que seguirán para echar la concesión otorgada durante el sexenio del gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, sin que hubieran pasado por el Poder Legislativo para su autorización.

Reconoció que en el corto plazo no podrán cumplir con esta promesa de campaña porque hacerlo provocaría un daño al patrimonio del estado por el pago de una penalización por cancelación.