Ciudad de México, 7 Jun (Quién).- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó amparar a la conductora Inés Gómez Mont en su intento de liberarse de dos órdenes de aprehensión en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal equiparable por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los ejercicios fiscales de 2015 y 2017.
Según informa Milenio , el magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez planteó negar la protección de la justicia en los dos amparos en revisión que interpuso la presentadora. El medio detalla que Medécigo Rodríguez indicó que los dos mandamientos judiciales cumplen con los requisitos fundamentados en el artículo 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales porque hay pruebas de que Inés presumiblemente cometió los delitos. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento», señala el artículo citado por el juez. Además, aseguró que no existe dato que permita suponer que Inés obtuvo ingresos no declarados como asimilados al salario: «Por esa razón, se propone confirmar la sentencia y negar la protección de la justicia constitucional solicitada con relación a la orden de aprehensión y su ejecución reclamadas”. Los magistrados Humberto Manuel Román Franco y Ricardo Ojeda Bohorquez apoyaron la decisión de Medécigo Rodríguez: ratificaron las sentencias y se negaron amparar a la famosa conductora de televisión.
Existen cuatro órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont: tres por presuntos delitos fiscales y una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En caso de ser detenida, Inés tendrá irá a la cárcel porque el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa. Hasta el momento se encuentra vigente la ficha roja que emitió Interpol para solicitar su captura a los más de 190 países miembros de esta organización, petición que se realizó por una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).