El quejoso pretendía anular la acusación de actos de corrupción; será el MP, a través de la FGE, el que determine la acción penal

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del estado de Puebla negó el amparo, que evitaría su detención por presuntos actos de corrupción, al ex presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, Inés Saturnino López Ponce, con lo que está en la decisión y facultades del Ministerio Público realizar la valoración de las pruebas para, en su caso y a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), ejercer acción penal.

De acuerdo con un documento del caso, se describe que sobre el “acto reclamado: Auto de 23 de octubre dentro de la Carpeta de Investigación 668/2020/FECC/UI-A”, “se desecha demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el Artículo 61, Fracción XXIII1, en relación con el diverso Numeral 107, Fracción III, Inciso b)2, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de amparo. Porque como se vio, el acto reclamado carece de efectos irreparables, pues ninguna afectación directa e inmediata produce a algún derecho sustantivo en perjuicio del quejoso”.

El ex funcionario de filiación panista había solicitado el cobijo de la justicia federal, con el Juicio de Amparo 918/2020, por una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción, por parte de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El militante del Partido Acción Nacional (PAN) reclamaba que el órgano de la FGE le ha impedido ejercer su derecho a una adecuada defensa y un debido proceso.

Inés Saturnino López Ponce gobernó el municipio de Tecamachalco en el periodo de 2014 a 2018 y en su desempeñó destacaron las acusaciones de misoginia, por actos de violencia política contra algunas de sus regidoras, con lo que estaría imposibilitado para participar en la próxima contienda electoral, de acuerdo con las nuevas reglas.

Asimismo, el panista figura en la lista de 21 alcaldes del estado de Puebla que han sido denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el desvío de recursos a través de la facturación de operaciones simuladas.