Mejorar la democracia del País no pasa por una reforma política sino por atender problemas como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, advirtió el consejero Presiente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Al participar en la presentación del informe Democracia sin Pobreza, realizado por la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Córdova dijo que estos problemas estructurales son lo que han generado escenarios adversos para la autonomía política y no al revés.

«Es un problema que tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la corrupción y con la impunidad, que son parte de los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo y que generan un contexto adverso para la autonomía política», indicó.

El consejero Presidente del INE dijo que el desvío de programas sociales con fines electorales no debe verse como un problema electoral, sino como un acto de corrupción.

«Cuando hay un desvío de programas sociales con un uso electoral no estamos ante un fenómeno eminentemente electoral, estamos ante un fenómeno de corrupción; alguien está usando el dinero público para destinarlo a algo que no es la finalidad y lo está utilizando con un beneficio político, eso se llama corrupción en buen castellano», señaló el presidente del INE.

En este sentido, el consejero presidente del Instituto rechazó que mejorar la calidad de la democracia pase por una reforma política.

Esto, agregó, será el resultado de atender problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

«¿Queremos mejorar la calidad de nuestra democracia?, ¿queremos mejorar la calidad de nuestras elecciones? Eso no pasa por una reforma electoral, pasa por atender estos problemas que lastiman a la sociedad y que, inevitablemente, lesionan todos los ámbitos de la convivencia pública, incluida la electoral», advirtió.

Córdova sostuvo que si bien el uso electoral de programas sociales es un tema que debe seguir debatiéndose y estudiándose, las elecciones de los últimos cuatro años han dejado claro que, cada vez más, en México hay electores más empoderados.

Una muestra de ello, explicó, es que de las 33 elecciones que ha habido para Gobernador en los últimos cuatro años, en el 62 por ciento de los casos hubo alternancia.

«Quien usa los programas sociales son los Gobiernos federal, locales y municipales y, sin embargo, en estos cuatro años de 33 elecciones de Gobernador en 21 hubo alternancia», indicó.

En su turno, el comisionado del INAI, Joel Salas, aseguró que no ha sido posible realizar un padrón único de programas sociales y de beneficiarios porque hay grandes incentivos para mantener una política social que da apoyos a cambio de votos.

«Esto sigue siendo imposible, la pregunta es ¿por qué? Evidentemente, porque había o hay grandes incentivos para mantener una política social», expresó.

En tanto, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta, cuestionó que en un contexto de uso electoral de programas sociales, la Secretaría de la Función Publica no tenga un papel predominante.

«¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública?, ¿donde están los órganos internos de control?, ¿dónde están las Procuradurías? Me parece que si realmente queremos construir la democracia y abatir la desigualdad tenemos que poner el énfasis ahí y no olvidar que no vamos a poder combatir la pobreza y la desigualdad si no tenemos instituciones que realmente hagan un contrapeso», sostuvo.

De acuerdo con el informe presentado, en el pasado proceso electoral, la oferta de compra y coacción del voto llegó a casi 30 millones de electores; es decir, al 33.5 por ciento del electorado nacional.
 

Con información de Reforma