A través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (IDHIE) y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo la Jornada #NiUnaMenos en las instalaciones de la Ibero Puebla.

Durante el acto de apertura, Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la universidad jesuita, comentó que uno de sus objetivos es fomentar la diversidad y eliminar la violencia en la Institución. Uno de los primeros pasos para llegar a este objetivo es la equidad de género y la erradicación de la violencia hacia la mujer.

Patrón Sánchez resaltó la importancia de presionar al Estado para la implementación de medidas de protección hacia las mujeres. «Como país, como sociedad, tenemos una deuda histórica hacia las mujeres», reconoció.

“Una de las líneas estratégicas de la Rectoría es contar con un programa de prevención de violencias, hacía ahí vamos; y otra línea estratégica de la Rectoría es contar con un sistema de salud integral. Estamos trabajando para caminar hacia allá”, comentó Mario Patrón.

Posteriormente, la María del Rosario Arrambide González, directora del IDHIE, moderó el conversatorio Atenco, tortura sexual y violencia de Estado: La negación del acceso a la justicia. El cual estuvo integrado por Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual en Atenco.

Brewer comenzó su intervención recordando que la lucha de Atenco, suscitada en 2006, no tuvo una resolución jurídica sino hasta 2018. Destacó la importancia del movimiento al conseguir aplazar el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto en la zona, aunque las consecuencias fueran agravantes para las y los pobladores.

A finales de 2018, la sentencia de la CIDH analizó el caso como un ejemplo de uso excesivo de la fuerza, tortura sexual, violación del derecho a la libertad y discriminación por razones de género, entre otros. Se demostró que se trató de una práctica intencional y dirigida de control social.

Precisó que en los días 3 y 4 de mayo de 2006 se llevó a cabo un operativo en el que un grupo de floristas fue desalojado por elementos de la policía. Tras ello, más de dos mil policías municipales, estatales y federales detuvieron de manera arbitraria a más de 200 personas. En el caso de mujeres, se llevaron a cabo diferentes actos de violencia sexual.

Tras ser liberadas, y luego de dos años de lucha, 11 de las mujeres llevaron su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde entonces, ha prevalecido el activismo por parte de las denunciantes para integrar las causas afines a través de campañas como Rompiendo el Silencio, nacida en 2014.

“Estamos en la fase de supervisión de cumplimiento”, concluyó Stephanie Brewer. Como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se emitieron medidas para erradicar estas conductas, mismas que el Estado Mexicano deberá cumplir y demostrar. Entre ellas, destaca la implementación de un mecanismo de seguimiento de casos y acciones específicas de no repetición.

Más tarde, Italia Méndez recordó que, tras ser detenida en mayo de 2006 surgió la necesidad de romper el silencio y denunciar la violencia simbólica que sobrepasaba lo individual y trastocaba lo social. “Se trató de un ataque de guerra contra la organización de los pueblos de todo el país”, precisó.

“Nuestra acción nos ha permitido cuidarnos. Atenco es un caso muy público, pero hay casos que requieren mayor acompañamiento porque se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”, apostilló Bárbara Italia Méndez.

Por ello, las víctimas utilizaron el testimonio como herramienta de acción. Fue la voz de muchas mujeres lo que permitió que se expandieran las alianzas con organizaciones y universidades, a la vez que se promovía la reflexión sobre la violencia sexual.

Se afrontó una situación adversa en la que la credibilidad de las víctimas se puso en entredicho. “Nos costó mucho trabajo. Todos tuvimos que cambiar nuestra manera de percibir la violencia del Estado”. La activista concluyó señalando la importancia de presionar a las esferas gubernamentales para el reconocimiento y castigo de cualquier acto de agresión contra la mujer.