La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto, donde se concluye que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

El dictamen precisa que no se cumplieron a cabalidad los objetivos de la política del gasto, y los objetivos de los programas nacional y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad.

El documento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aprobado por 400 votos a favor, 48 en contra y 8 abstenciones, y que se solicitó publicar en el Diario Oficial de la Federación, agrega que durante el ejercicio 2018 no se cumplieron los objetivos del desarrollo nacional, ni se logró una mejoría significativa en la calidad de vida de los ciudadanos.

Argumenta que la evolución sexenal de los indicadores de pobreza, desigualdad, competitividad, informalidad y precariedad laboral, así como el acceso a servicios públicos de calidad, apuntan a que el desempeño del Gobierno Federal no priorizó de manera efectiva el bienestar de la población.

Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2018, así como a rendir semestralmente a la Cámara de Diputados información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados. El dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la ASF.

En la valoración particular del gasto se destaca la deficiente planeación y ejecución de los recursos asignados a la población damnificada por los sismos de 2017, las fallas en el registro de los afectados en las entidades afectadas, así como la opacidad con que el Fideicomiso Fuerza México recibió y asignó recursos provenientes de donaciones del extranjero.

Además, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, incluido en el Ramo 23, rebasó su monto originalmente aprobado en 2,537 millones de pesos para distribuir en realidad 50,172 millones de pesos durante su ejercicio de manera discrecional. Eso significa que distribuyeron libremente 47,634 millones de pesos.

Destaca que los ingresos públicos presupuestarios ascendieron a 5,115,011.1 millones de pesos, cifra superior en 336,819.6 millones de pesos respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.

Refiere que el Gasto Público Neto ejercido fue de 5,611,559.1 millones de pesos, monto 6.3 por ciento superior al aprobado por la Cámara de Diputados que fue 5,279,667 millones de pesos. El gasto adicional y que fue ejercido más allá de la autorización legislativa llegó a 331,892 millones de pesos.

En conjunto de los Ramos Administrativos el gasto realmente observado excedió en 16 por ciento lo aprobado por la Cámara de Diputados. Eso significó 163,769 millones de pesos.

Además, la Oficina de la Presidencia de la República registró una erogación de más del doble de lo aprobado; en vez de mil 797 millones de pesos, ejerció realmente tres mil 682 millones de pesos, por medio de transferencias recibidas durante el ejercicio, que representaron un incremento de casi 105 por ciento; lo que ejemplifica, el uso de amplios márgenes de decisiones discrecionales como característica de la gestión financiera de los recursos públicos.

De igual modo, el dictamen refiere que la Auditoría Superior de la Federación practicó mil 807 auditorías a la Cuenta Pública 2018. A partir de éstas se determinaron siete mil 268 observaciones, que dieron lugar a diez mil 152 acciones.

Se destaca que el mayor número de irregularidades se identificó en el Gasto Federalizados y por su número éstas se concentraron en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Estado de México y Jalisco, por lo cual se dará seguimiento a su solventación o sanción en los términos previstos en las leyes. Asimismo, los estados con mayor monto observado son Estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Chihuahua.

Discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos públicos

En la fundamentación del dictamen, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) expresó que la fiscalización de las finanzas públicas es una de las principales herramientas del Poder Legislativo, y a través de ese mecanismo de control las y los legisladores “podemos vigilar el correcto uso de los recursos públicos y, en consecuencia, hacer frente a la corrupción”.

Indicó que la Cuenta Pública es un elemento fundamental del equilibrio de poderes y la rendición de cuentas, pues su presentación y revisión tiene tres fines para la vida democrática del país: la evaluación de la gestión financiera del gasto público, comprobación del ajuste o no a los criterios señalados en el presupuesto y la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los diferentes programas.

La discrecionalidad, la opacidad y la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, dijo, fueron constantes en la Administración Federal pasada. De ahí, la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en las entidades federativas; en el rubro de gasto federalizado se ejercieron más de 1.9 billones de pesos, lo que representó el 35 por ciento del gasto neto total.

Consideró necesario dar puntual seguimiento a la solventación de las observaciones o a las sanciones correspondientes que prevea la ley. “No debemos cesar en la labor de fiscalizar y transparentar cada peso de la Hacienda Pública Federal”.

El dictamen, expresó, hace mención de las recomendaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados para hacer algunas modificaciones legales, buscando mejorar el marco jurídico nacional y así contribuir a una actuación más eficiente de la Administración Pública en diversos sectores.

Dijo que es fundamental que en la Cámara de Diputados se tome conciencia de ello y se inicie un análisis de las propuestas realizadas por la ASF, ya que no se cumplieron a cabalidad los objetivos de la política del gasto, y los avances en el cumplimiento de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad.

Hizo votos por usar todos los medios posibles para combatir la corrupción y la falta de transparencia. En esta nueva etapa de la vida pública de México “estamos obligados y obligadas a buscar una verdadera modernización administrativa”.