Al resaltar que no habrá más impunidad, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Ricardo Velázquez Cruz, informó que la decisión de revocar las patentes de las notarías no se trata de una persecución política sino de que en su entrega hubo un gran desaseo jurídico.
 
“No queremos más impunidad en el estado, si dicen que hay persecución política yo digo que hay un gran desaseo jurídico, fue lo que encontramos en este gobierno”, expresó Velázquez Cruz al detallar que conforme al compromiso asumido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, todos los actos hechos fuera de la ley serán revocados.
 
En conferencia de prensa, el consejero jurídico explicó que la fe pública es una función originaria del gobierno que la delega en personas. “Esta función debe de darse con la mayor legalidad, la mayor certeza, claridad y transparencia”. 
 
Aseguró que el gobierno actual detectó que algunas de estas patentes que se dieron durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, adolecen de elementos de cumplimiento o fueron hechas al tenor de actos inexistentes y en consecuencia son ilegales.
 
Velázquez Cruz detalló que, para crear nuevas notarías, el gobierno debe emitir una convocatoria, la cual nunca existió, por lo que quienes participaron en este procedimiento, lo hicieron sin que existiera un llamado.
 
“Los procedimientos mediante los cuales se entregaron las notarías, desafortunadamente, no fueron hechos con la claridad ni la legalidad que se requiere y debemos corregir este error”, destacó el consejero jurídico.
 
Precisó que, como parte de este proceso de revocación de notarías, la Consejería Jurídica notificó a sus titulares del inicio de procedimiento, se aseguraron folios y sellos, además de que no se descartan acciones de tipo penal por posibles delitos que se hayan cometido.

 
Dejó en claro que, con esta acción, el Gobierno del Estado no afectará a los particulares y para ello se ejecutan actas administrativas a fin de verificar los asuntos pendientes.
 
Velázquez Cruz comentó que también se analizará el actuar de aquellos notarios en activo que firmaron las horas de servicio y los exámenes que, al parecer nunca existieron, y sirvieron como elementos para la designación de las 29 patentes notariales.