El veto al proyecto legislativo progresista lo explica, entre otros aspectos, la crisis de representatividad política y las múltiples crisis que ha atravesado el país andino.

Chile continúa sacudiéndose la resaca del plebiscito que falló en contra de instalar una nueva constitución. Un grupo de académicos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago compartieron sus primeras reflexiones sobre la histórica jornada electoral en un conversatorio de la IBERO Puebla.

Desde una mirada externa, Chile ha sido identificado como un país en el que reina la estabilidad política y la prosperidad económica desde que la dictadura fue abolida en 1990. Esta idea se quebró el 19 de octubre de 2019, cuando el denominado ‘estallido social’ reveló el descontento de la ciudadanía con el modo de vida y el rechazo a las crisis de derechos.

Mabelin Garrido explicó a la audiencia virtual que las movilizaciones multitudinarias denunciaron las fallas del modelo neoliberal y del régimen político que derivaron en devastación ecológica, precariedad laboral y carencias estructurales desde el aparato jurídico. Las demandas fueron atendidas en la forma de un plebiscito de entrada cuyo resultado en noviembre de 2020 fue contundente: el 78% de los votantes exigía una nueva constitución.

“Lo que pasó en Chile”, argumentó Juan Diego Galaz, SJ, “fue que hubo una acumulación de demandas sociales que no fueron oportunas- ni adecuadamente mediadas por la institucionalidad de la constitución vigente”. Dicho de otro modo, el agotamiento de las figuras públicas de representación llevó a crear una nueva figura que velara por los intereses colectivos, como fue la Convención Constitucional.

Dicho organismo amplió la representatividad para incorporar las demandas de grupos sociales históricamente marginados en una nueva constitución. Y, sin embargo, fue rechazada. Todavía al calor de la votación, Galaz lo adjudicó a un distanciamiento entre la ciudadanía y la nueva representación, así como al paso drástico de una carta magna anticuada a una muy avanzada.

Otras hipótesis incorporan el contexto pandémico y la estructura misma de los poderes del Estado. “Podría asumirse que salir de un escenario de incertidumbre de salud pública para entrar a uno político pudo haber influido”, especuló el catedrático chileno.

El resultado del segundo plebiscito era previsible. Desde abril, las encuestas registraron una tendencia latente al rechazo. La estupefacción de los analistas se relaciona, más bien, con el cambio drástico en las preferencias: mientras que en 2020 se aprobó el proyecto del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución con un 78.2% de votos a favor, un 61.8% vetó el texto final el domingo pasado. “¿Qué pasó?”, se preguntan.

Marcelo Mella sumó a la conversación la existencia de una ‘contaminación cruzada’ entre el rápido desgaste de la imagen del presidente Gabriel Boric y la erosión de la propia Convención Constitucional. “La decisión del gobierno de abrazar la nueva constitución, con los índices de desaprobación que tiene en la actualidad, fue contraproducente”.

El texto votado el 4 de septiembre cuenta con un catálogo de derechos que ha sido ampliamente reconocido por todos los órdenes del espectro político. Por otro lado, las resistencias se centraron principalmente en la reorganización del Estado, los costos para emprender el proyecto y la mala gestión de las suspicacias por parte de la Convención.

Otro motivo de discordia fue la educación. De acuerdo con Mabelin Garrido, la educación en Chile se encuentra segregada por posición social, pues existen brechas significativas entre las escuelas privadas y las públicas (a las que acuden nueve de cada diez jóvenes) que buscaban ser subsanadas en la nueva constitución. Pese a ello, una encuesta reveló una profunda polarización entre la población estudiantil: el 50.9% habría votado contra el proyecto.

Una revisión desagregada de los resultados del plebiscito refleja que el mayor triunfo del rechazo a la nueva constitución ocurrió en las regiones del norte y sur de Chile, lugares marcados por la violencia y las diferencias con la comunidad mapuche. Lo mismo ocurrió en las comunas más afectadas por impactos ambientales.

A la espera de contar con los datos consolidados del servicio electoral, Garrido sentenció: “El voto del apruebo se concentra en sectores de clase media y de ingresos altos. Los pobres en Chile no votaron por Boric y tampoco por el ‘apruebo’”. Y remató: “La idea de llegar a explicaciones cómodas no depara un buen futuro para el progresismo”.

El grupo de académicos expuso algunas de los elementos que marcarán los análisis en los días por venir. Uno de ellos tiene que ver con la crisis de representación, que ahora se manifiesta más allá de la política partidista. “Las democracias modernas fueron diseñadas para una sociedad que ya no existe. […] Hay una distancia entre representantes y representados; ahí se va a jugar la legitimidad de cualquier propuesta que se haga en adelante”.