El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz Álvarez (Morena), afirmó que la nueva Ley General de Aguas Nacionales tiene que ser uno de los actos de justicia social más importantes, ya que casi el 10 por ciento de la población nacional carece de este recurso.

En declaraciones a la prensa, detalló que, “como una solución a varios municipios de Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Javier Laynez Potisek, saca una sentencia, donde se está mandatando al Congreso de la Unión a expedir La Ley General de Aguas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, en términos del apartado que la Suprema Corte consideró.

“¿De qué se trata particularmente este mandamiento para el Congreso? De atender el pendiente que tiene el Legislativo de reglamentar el artículo 4° Constitucional, que nos permita garantizar el derecho del agua para todos los mexicanos”.

Aseguró que esto “es muy importante, porque cuando se expide la Ley General de Aguas de nuestro país, éramos apenas una nación de 84 millones de mexicanos. Hoy somos 126 millones de mexicanos. Simplemente por el criterio demográfico, es necesario contar con una ley que atienda lo que en el año 2012 el Congreso estableció como un derecho, y fue fundamental, porque el agua dejó de ser un producto para convertirse en un derecho en favor de todos los mexicanos”.

Recordó que “el Constituyente de aquel entonces dio 360 días para que el Congreso estableciera la legislación reglamentaria, a través de una Ley General de Aguas, para establecer cómo se le va a dar agua a todos los mexicanos, con qué recursos, quiénes serán los responsables y a partir de cuándo, buscando tres objetivos fundamentales: agua para todos, atender el tema de cobertura, agua con calidad, asequibilidad y frecuencia”.

“Lo que vamos a hacer con este mandato que hoy ha expedido la Corte es, a partir del próximo período ordinario de sesiones, la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, que está concluyendo ya el diagnóstico que hemos realizado en estos más de seis meses de trabajo, encontrar el marco jurídico que permita cumplir esta aspiración de los mexicanos”, abundó.

Informó que se esperará a que el comunicado sea entregado de manera oficial a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Aseveró que de acuerdo con un diagnóstico que realizó la comisión que preside, en México el 10 por ciento de la población carece de este recurso, por tal motivo “la nueva Ley General de Aguas tiene que ser orientada a ser uno de los actos de justicia social más importante”, para dotar de este líquido a la población más vulnerable.

Muñoz Álvarez aseguró que la nueva normatividad tiene que considerar “que el que más usa el agua más pague; lo segundo, que el que contamine pague y descontamine”.

Asimismo, señaló que en territorio nacional hay más de 3 mil 960 plantas de tratamientos de aguas residuales, de las cuales más de 2 mil 500 plantas no están funcionando correctamente o dejaron de operar, por “la incapacidad financiera de los municipios”.

Consideró imperativo que México invierta entre 75 y 80 mil millones de pesos al año, en el sector hídrico, como plantas de tratamiento de aguas residuales, para desazolvar presas y construir las que se requieren ciertas regiones agrícolas del país.

Al no estar funcionando las plantas de tratamiento de aguas residuales, detalló, éstas se van a los cuerpos de agua y “hoy tenemos el 73 por ciento, según datos oficiales, de nuestros sistemas hidrológicos con serios problemas de contaminación”.

Muñoz Álvarez indicó que es necesario crear un fondo nacional de infraestructura hidráulica con los recursos que se recauden “cobrando el agua que hoy no se cobra”, ya que se estima que hay casi 70 mil millones de pesos de agua no contabilizada.

El objetivo de este fondo, enfatizó, es que el Gobierno Federal cuente con recursos para atender los grandes rezagos que el país tiene en materia de agua.

Señaló que en los 2 mil 471 municipios se destinan 15 por ciento del total de las aguas nacionales; sin embargo, «se pierde casi el 47 por ciento, porque las redes como las personas van envejeciendo se convierten en redes obsoletas y no tenemos sistemas de mantenimiento».

«Necesitamos sectorizar a las ciudades y establecer sistemas de estabilización de presión para que podamos darle agua a la población los siete días de la semana, las 24 horas al día», dijo el diputado.

Aseguró que al analizar las problemáticas se descubrieron áreas de oportunidad, como el caso del aprovechamiento del Bajo Usumacinta, el tratamiento de aguas residuales, el aprovechamiento de la lluvia con la construcción de ollas hidráulicas.

Reiteró que el Estado mexicano tiene que tener la rectoría de un recurso fundamental como el agua. “Hoy tenemos que revisar los sistemas que se han privatizado, porque no puede haber nada por encima del interés de la sociedad”.

Foto: Cámara de Diputados