Decenas de miles de franceses salieron a las calles este sábado para protestar contra un proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en un país sacudido por un nuevo caso de violencia policial que ha puesto al gobierno bajo presión.

Las manifestaciones contra este texto -que restringiría el derecho de filmar a la policía- tuvieron lugar en todo el país a pesar de las restricciones por la pandemia del coronavirus.

«Policía en todas partes, justicia en ninguna parte», «Estado policial» y «sonríe mientras te golpean» eran algunos de los lemas más coreados en la manifestación parisina, que congregó a miles de personas.

Las libertades fundamentales y básicas de nuestra democracia están siendo atacadas: la libertad de expresión e información», estimó Sophie Misiraca, una abogada de 46 años, que salió a protestar.

Se registraron algunas tensiones durante la marcha en la capital. Manifestantes quemaron varios vehículos y prendieron fuego a barricadas, de las cuales se desprendían columnas de humo negro, según constataron periodistas.

Varios miles de personas salieron a protestar también en ciudades como Marsella o Montpellier, ambas en el sureste, y Lille (norte).

En el centro de las protestas figuran tres artículos del proyecto de ley Seguridad global que recibió la luz verde de la Asamblea Nacional la semana pasada, y que enmarca la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones así como imágenes de las fuerzas del orden tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles.

Este proyecto de ley pretende restringir la libertad de prensa, la libertad de informar y de ser informado, la libertad de expresión, en fin, las libertades públicas fundamentales de nuestra República», consideran los coordinadores que convocaron las protestas.

El artículo 24 ha centrado la atención, pues castiga con un año de cárcel y hasta 45 mil euros (54 mil dólares) de multa la difusión «malintencionada» de imágenes de las fuerzas del orden.

El gobierno asegura que esta disposición pretende proteger a la policía de llamados al odio y a muerte en las redes sociales, con revelaciones de detalles sobre su vida privada.

Pero los detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.

También alegan que es una disposición inútil, ya que el arsenal jurídico actual es suficiente para reprimir estos delitos y que el derecho francés «sanciona los actos, no las intenciones».

Dos casos de violencia policial esta semana han atizado el debate, transformando una decisión política en auténtica crisis en el ejecutivo de Emmanuel Macron.

El lunes, durante una operación mediática de organizaciones promigrantes, la policía evacuó brutalmente a los que se habían instalado en una plaza del centro de París, y zarandearon a los periodistas bajo el foco de las cámaras y de los smartphones.

PALIZA
El jueves, unas cámaras de seguridad mostraron la paliza que tres policías propinaron a un productor de música negro.

La prensa, las redes sociales y algunos deportistas de renombre internacional denunciaron la violencia policial.

Imágenes que nos dan vergüenza», denunció el viernes Macron, que encargó al gobierno le presentara rápidamente propuestas para «luchar con más eficacia contra todas las discriminaciones.

El mismo día que se publicaron las imágenes encargó al titular de Interior, Gérald Darmanin, uno de los ministros más importantes de su gobierno, que impusiera sanciones muy claras para los policías acusados.

Ante la indignación provocada por el artículo 24, el primer ministro, Jean Castex, trató de buscar una salida con la creación de una «comisión independiente encargada de proponer una nueva redacción», pero la iniciativa enfadó a los parlamentarios de todo el espectro que han visto en ella una forma de «menosprecio».

La coordinación de las protestas reclama «la retirada de los artículos 21, 22 y 24» del proyecto de ley y la «del nuevo esquema nacional de mantenimiento del orden» publicado en septiembre.

Durante las manifestaciones, este esquema obliga a los periodistas a dispersarse cuando las fuerzas de seguridad lo exijan, impidiéndoles cubrir el desarrollo de los acontecimientos, a menudo turbulentos en los últimos tiempos.

La prensa francesa y extranjera denunciaron una «deriva de seguridad», y la «vulneración de los derechos».

Entre las voces críticas figuran la defensora de los derechos humanos y los relatores de derechos humanos de la ONU. El debate ha llegado al Parlamento Europeo.

Además de las tradicionales estructuras de izquierda, sindicales o de la sociedad civil, muchas personalidades se suman a las protestas.

Los ‘chalecos amarillos’, cuyas manifestaciones, a veces violentas sacudieron al país en 2018 y 2019, son también esperados.

Fuente: AFP