El crecimiento de la vejez en México, convoca al Estado a generar políticas que garanticen seguridad económica, salud y entornos favorables y propicios para este sector.

El envejecimiento exponencial de la población mexicana ha puesto en jaque a los sistemas políticos, económicos y de salud en el país. Tan solo en 1980, a nivel nacional la población adulta mayor alcanzaba 5.4% de la población total, para el 2020 ya era el 12% y se espera que para el 2050 llegue al 21.5%.

Por ello, organizaciones como el Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla, instan al Estado a generar un entorno adecuado para la vida de las personas en esa etapa a través del Informe anual del Observatorio de Salarios 2023: Política social y envejecimiento; evolución de los programas de apoyo para las personas adultas mayores.

Este informe fue presentado en la Ibero Puebla por Lízbeth Díaz Cruz y Luis Enrique Herrera Alquicira, redactores e investigadores del Observatorio de Salarios coordinados por Miguel Calderón Chelius. Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, comentó en el evento la importancia de este documento para incidir en la calidad de vida de las y los mexicanos a largo plazo.

“Hay una cantidad de retos que se vislumbran en la sociedad mexicana pero también desde el mismo Estado”, comentó la directora. Esto, gracias al contexto particular en que se insertan los programas de pensiones para adultos mayores, que han concentrado sus esfuerzos en ejes como la pobreza, en lugar de “construir verdaderos regímenes de cuidado para la atención a la sociedad”.

Por su parte, Miguel Calderón Chelius, señaló los principales resultados de este informe, que fueron contextualizados en un país con altos niveles de pobreza, precariedad laboral y carencias importantes en los sistemas de salud. Y si se habla de un contexto estatal, Puebla está entre los últimos cinco lugares a nivel nacional con menos pensionados.

Ante esto, no se puede limitar la atención del Estado a sólo la población adulta mayor. Para Calderón Chelius, este es un trabajo que implica garantizar la calidad de vida a todas las personas desde que nacen hasta que envejecen, para que, al llegar a esa etapa, puedan vivir con autonomía, independencia y calidad de vida.

“Cuando hablamos de envejecimiento, no sólo estamos hablando de las personas adultas mayores de ahora, estamos hablando de todos y cada uno de nosotros. De los niños, los jóvenes y los adultos, y eso es importante entenderlo porque esto determina los retos a los que nos enfrentamos”, explicó el experto.

Así, la investigadora Lízbeth Díaz remarcó que el envejecimiento, al ser un proceso que se vive por toda la vida, debe ser procurado por el Estado para que las y los ancianos puedan valerse por sí mismos y tener espacios de esparcimiento, además de darles seguridad alimentaria, acceso a los servicios de salud, y al sistema de pensiones, que es el principal eje de estudio de este informe.

Este panorama se complementó con la evolución de las políticas de pensionados en México que fueron explicadas por Luis Enrique Herrera, estudiante de la Licenciatura en Economía y Finanzas de la Ibero Puebla. A través de un breve recorrido histórico, se vislumbraron los pequeños y tordos pasos que el sistema mexicano ha dado para dar garantías sociales al sector de la tercera edad.

En este rubro no existe un punto de partida claro, pero se sabe que a partir de los noventas los diferentes gobiernos federales y estatales intentaron implementar programas de bienestar social, que difícilmente dan cobertura a toda la población, y tienen diversos errores operativos que les hacen casi inaccesibles.

Este documento expone cómo la política social no sostiene por completo la demanda de espacios dignos y adecuados para la vejez, pues sólo se concentran en los niveles de pobreza, no en la construcción de instituciones que sostengan una política social que se universalice y tenga, forzosamente, un enfoque de derechos.

Así, los integrantes del Observatorio de Salarios Ibero Puebla, a través de este documento, hicieron un enérgico llamado a los gobiernos federales, estatales y municipales para seguir contribuyendo a la elaboración de políticas públicas e iniciativas sociales que prioricen el bienestar integral de las y los adultos mayores.