El encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo rechazó que la orden de aprehensión y la alerta migratoria que emitieron la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), respectivamente, en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, se trate de una persecución política.

“No veo, bajo ninguna circunstancia una persecución política, se trata simple y sencillamente del cumplimiento de la ley en razón de que al señor Cabeza de Vaca se le acreditaron en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y en la Fiscalía General de la República, conductas ilícitas”, señaló.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, expuso que la FGR solicitó, en el primer día del gobierno de Américo Villarreal, un oficio para que se le notificara si García Cabeza de Vaca mantenía su inmunidad constitucional o no y la respuesta fue que ya no contaba con el fuero y por lo tanto se obtuvo una orden de aprehensión, además de la alerta migratoria.

Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no determinó la exoneración del exgobernador de Tamaulipas, sino que todavía requería un desafuero en el Congreso local.

Nieto Castillo comentó que existen denuncias contra Francisco García Cabeza de Vaca desde mucho tiempo atrás y refirió que en el tiempo en el que estuvo al frente de la UIF, las denuncias tenías registro desde 2019.

Expresó su confianza en las instituciones del Estado mexicano y la justicia.

Resaltó que actualmente en Hidalgo se mantiene una política así y en el primer mes del gobierno de Julio Menchaca se han logrado más de 549 judicializaciones, el cumplimiento de 146 órdenes de aprehensión en contra de distintas conductas ilícitas desde abuso sexual hasta temas vinculados con corrupción.

Indicó que en Hidalgo no existe ninguna “cacería de brujas”, sino que se está actuando en función de las denuncias que han recibido de 13 municipios por una especie de “estafa maestra hidalguense” con la generación de empresas fachada que recibieron recursos extraordinarios en este año y hasta este momento se habla de 540 millones de pesos.

Foto: Cámara de Diputados