Ante el aumento de las cifras de la violencia intrafamiliar como resultado del confinamiento por la propagación mundial del virus Covid-19, diversos organismos internacionales han formulado recomendaciones legislativas y de política pública que podrían ser adoptadas por nuestro país para garantizar la seguridad de niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores, señala una investigación realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “Violencia intrafamiliar, una visión internacional ante la pandemia por Covid-19”, elaborado por las investigadoras María Cristina Sánchez Ramírez y Carla Angélica Gómez Macfarland, destaca que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), le ha sugerido a México fortalecer las capacidades de las líneas de emergencia (911, LOCATEL y la Línea de la Vida), asegurar el funcionamiento de las Procuradurías de Protección de la Niñez y asegurar la disponibilidad de refugios, albergues o centros de acogida para las víctimas de violencia, entre otras acciones.

En el mediano y largo plazo, la UNICEF ha recomendado promover una agenda legislativa que fortalezca la protección de los derechos de las y los niños, iniciando por la prohibición legal del castigo corporal en todos los entornos.

En lo que respecta a la violencia de género, ONU Mujeres, ha recomendado al gobierno mexicano integrar medidas de mitigación de la violencia de género en los planes nacionales de respuesta al Covid-19, adoptar una respuesta de Estado de modo que todos los niveles y poderes de gobierno participen de una manera coordinada y garanticen el acceso oportuno a los servicios y a la justicia ante el sistema de justicia y establecer guardias presenciales en el Poder Judicial para dictar las medidas precautorias, cautelares y de protección necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas.

Adicionalmente, ONU Mujeres ha sugerido a los gobiernos paquetes de rescate y estímulos financieros que incluyan medidas de protección social para el sector de mujeres dedicadas a las labores del hogar y de asistencia a personas dependientes como pueden ser niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o personas enfermas, así como en el mercado informal.

Para el caso de las personas adultas mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado para que se dé prioridad a los adultos mayores en la atención hospitalaria, como en el acceso a las pruebas de Covid-19, el tratamiento oportuno, medicamentos y cuidados paliativos, ya sea que se encuentren en hospitales, residencias de larga distancia, centros de privación de libertad o en sus domicilios.