El titular de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, informó que el costo operativo de la organización total de la elección extraordinaria en el estado de Puebla será de más de 302 millones de pesos.

En la sesión ordinaria, precisó que este monto es solamente para la organización de la elección, es decir, la instalación de casillas, capacitación de funcionarios de mesas directivas de casilla; realización del Programa Preliminar de Resultados Electorales (PREP); organización del debate; organización de la pauta para radio y televisión; monitoreo, y fiscalización, entre otras actividades.

Jacobo Molina agregó que no están incluidas las prerrogativas de los partidos políticos involucrados en el proceso electoral, por lo que consideró que el costo de éstas será absorbido por los recursos que reservó el Congreso del estado de Puebla para esta elección extraordinaria para elegir al titular del gobierno local.

Recordó que el Congreso poblano reservó un monto de 450 millones de pesos para la organización de esta elección extraordinaria, que se tiene que realizar por ausencia definitiva del titular del Ejecutivo estatal.

El secretario ejecutivo del instituto indicó que se había previsto un costo de 345 millones de pesos para la operación de estos comicios; pero eso fue en la hipótesis que empezara el INE a organizar el proceso electoral a mediados del mes de enero, lo que no fue posible debido a que el Congreso local emitió la convocatoria para esta elección extraordinaria apenas el pasado 31 de enero.

En este mismo sentido, el titular de la Dirección Ejecutivo de Registro Electoral, René Miranda, presentó el proyecto de acuerdo aprobado por la Junta General, que contempla la provisión de los productos y servicios electorales relacionados con la impresión de las listas nominales de electores.

Así como la expedición de credenciales para votar; insumos con la realización del conteo rápido y la coordinación de las actividades respecto al voto de los poblanos que radican en el extranjero.

La propuesta que será presentada el próximo lunes en la sesión ordinaria del Consejo General contempla un nuevo proyecto con vigencia del 1 de febrero al 30 de noviembre, para lo que se requerirá un presupuesto de 19 millones 240 mil 387 pesos.

Lo anterior, para la realización de estas actividades y se obtendrá de los recursos que aporte el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Puebla a partir del Convenio de Coordinación y Colaboración y sus respectivos anexos técnicos y financieros.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, reiteró que se tiene un tiempo muy acotado para la organización y realización de estos comicios, que serán el próximo 2 de junio, por lo que será concurrente con las otras cinco elecciones ordinarias de 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Explicó que se tienen que llevar a cabo diversas acciones para organizar una elección, que en tiempos normales se realizan en un plazo de nueve meses, pero que ahora se tiene que hacer en menos de cuatro meses.

Recordó que el INE asumió la organización total de estos comicios en Puebla por el contexto político social, que se distingue por la polarización entre los actores sociales, y se necesita la participación del organismo como garante de certeza y legalidad.

Aclaró que nadie ha juzgado la actuación del OPLE en la entidad en las elecciones previas, ni tampoco pone en entredicho la capacidad para organizar los comicios.

Expuso que otra razón que valoró el instituto fue la muerte de la gobernadora en un accidente aéreo y que todas las fuerzas políticas solicitaron unánimemente su participación, lo que representa que el INE goza del reconocimiento y de la confianza de todos los actores políticos.

Finalmente, explicó que la asunción de la elección representa que el organismo nacional tenga que desplegar las funciones de arbitraje y vigilancia, por lo que se comprometió a estar atentos y vigilantes para que ningún actor político, social o económico sea quien vulnere las reglas de la convivencia electoral en dicha entidad.