Miami, 2 May (Excélsior).- El actor mexicano Pablo Lyle se presentó este miércoles ante una corte del condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, donde, pese a declararse no culpable, enfrentará cargos por homicidio involuntario, con lo que podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

El juez Alan Fine, ante quien compareció, también mantuvo el arresto domiciliario y la fianza de 50 mil dólares por el caso en el que Lyle se vio involucrado en territorio estadunidense, que derivó en el deceso de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, informó Telemundo.

La Fiscalía de Miami-Dade ha afirmado que cuenta con evidencias suficientes para acusar de homicidio al actor pues los resultados de la autopsia determinaron que Hernández murió por “complicaciones por trauma cerebral contundente” y la causa probable del fallecimiento podría ser “homicidio”.

El 31 de marzo autoridades detuvieron en el Aeropuerto de Miami al mexicano de 32 años, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que golpeó a un hombre de origen cubano que al caer al piso quedó inconsciente, tras lo cual fue abandonado por Pablo.

Luego de permanecer en terapia intensiva la familia decidió desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida y Juan Ricardo Hernández falleció el 4 de abril, derivado de una herida en el cráneo y un derrame interno por la caída que sufrió luego de ser golpeado por el protagonista del filme “Mirreyes vs Godinez”.

Luego del deceso el juez determinó en primera instancia una fianza por un millón de dólares para que pudiera continuar con libertad condicional, además le solicitó entregar su pasaporte, no conducir y no acercarse a la familia de la víctima.

Sin embargo, la jueza Lisa Walsh renunció al caso y se designó al juez Alan Fine, quien revisó las pruebas presentadas y el video del incidente en el que se ve al actor cuando golpea al hombre en el rostro.

Entonces se ordenó a Pablo una fianza de 50 mil dólares para su libertad condicional y arresto domiciliario con grillete electrónico hasta este 1 de mayo, cuando se efectuó la segunda audiencia, en la que se mantuvo tanto la fianza como el arresto en casa. No obstante el dictamen quedó por «homicidio involuntario».