El Partido Acción Nacional (PAN) consideró urgente un cambio de estrategia en materia de seguridad que permita a las familias mexicanas vivir tranquilas, tras el ataque a la familia LeBarón, que dejó un saldo de nueve personas fallecidas y varios lesionados.

Al expresar sus condolencias y solidaridad con la citada familia, el dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, exigió una investigación inmediata que permita localizar y castigar a los responsables de este hecho «tan doloroso para el conjunto de la sociedad mexicana».

“La rendición voluntaria del gobierno ante el crimen organizado y dejar de perseguir, encarcelar y decomisar drogas a los narcotraficantes tiene abandonada a su suerte a la población. Lamentablemente se siguen presentando estos hechos graves en todo el país, sin que el gobierno ofrezca resultados favorables para la sociedad”, afirmó.

Según Cortés Mendoza hechos como el de Culiacán, Sinaloa, y otros han generado entre los delincuentes un «sentimiento de impunidad que explica, en parte, la matanza de una familia inocente en los límites de Sonora y Chihuahua. Es un acontecimiento doloroso, indignante, bochornoso e inhumano”.

El líder nacional panista dijo que según datos del Banco de México (Banxico), la violencia e inseguridad en México son de las principales causas de la caída económica, porque desalientan la inversión extranjera y la reinversión nacional, con la consecuente pérdida de empleos.

“No podemos permitir que se genere el perverso círculo vicioso de las malas decisiones en materia económica y malas decisiones en materia de seguridad, porque de manera ascendente se seguiría generando mayor incertidumbre para la inversión y generación de empleo”, destacó.

El líder panista dijo que los hechos contra la familia LeBarón demuestran una vez más que el gobierno está rebasado por la delincuencia y es natural que lo esté, porque el propio gobierno federal se ha negado a utilizar la fuerza legítima del Estado.

En lugar de atacar a la delincuencia, especialmente al narcotráfico, comentó, el gobierno dedica sus esfuerzos a tipificar como terrorismo a las actividades empresariales o a investigar y perseguir a sus presuntos enemigos en las redes sociales.