La pandemia del coronavirus ha provocado un repunte en la violencia de género durante el último año y, en una serie de países, los combatientes han seguido empleando la violencia sexual “como una cruel táctica de guerra” y de represión política, dijo el secretario general de Naciones Unidas en un reporte el lunes.

El informe se centró en 18 naciones en las que la ONU dijo que obtuvo información verificada y menciona a 52 partes “creíblemente sospechosas” de “patrones de violación u otras formas de violencia sexual” en conflictos que forman parte de la agenda del Consejo de Seguridad del organismo. Más del 70% de los nombrados “son agresores persistentes”, agregó.

La mayoría de los que figuran en la lista negra son “actores no estatales”: grupos opositores, rebeldes o terroristas vinculados a las milicias extremistas Estado Islámico o Al Qaeda. Las fuerzas miliares o policiales señaladas, incluyendo las de Myanmar, tienen prohibido participar en operaciones de paz de la ONU hasta que adopten compromisos, con un calendario vinculante, para que cesen las violaciones.

En el listado están también las fuerzas gubernamentales y policiales de Congo y Sudán del Sur; los efectivos del ejecutivo y de los servicios de inteligencia en Siria; las fuerzas armadas y la fuerza de apoyo rápido de Sudán, y el ejército y las fuerzas somalíes en su región de Puntlandia.

Los países de la lista con actores no estatales incluyen a Congo, con 20 grupos; República Centroafricana, 6; Mali, 5; Sudán del Sur y Siria, 4; Sudán, 2 e Irak y Somalia, 1.

“La violencia sexual se ha empleado como táctica de guerra, tortura y terrorismo en entornos en los que se solapan las crisis humanitarias y de seguridad, vinculadas a la militarización y a la proliferación de armas, que no cesan”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.

En la región etíope de Tigray, donde el gobierno y el Frente Popular de Liberación de Tigray combaten desde noviembre, se han denunciado más de 100 presuntas violaciones, argregó Guterres.

“También ha habido inquietantes reportes de individuos que han sido presuntamente forzados a violar a miembros de su propia familia bajo la amenaza de violencia inminente, de mujeres que habrían sido obligadas por elementos militares a mantener relaciones sexuales a cambio de productos básicos, y de violencia sexual contra mujeres y niñas en cambios de refugiados”, apuntó.

Según Guterres, también se detectaron casos de violencia sexual en los conflictos étnicos armados en Myanmar, que implicarían tanto a las fuerzas de seguridad del Tatmadaw como a grupos rebeldes étnicos en los estados de Rakhine, Chin y Shan. El informe cubre los eventos ocurridos durante 2020, antes de que el ejército tomó el control del país con un golpe de Estado el 1 de febrero e inició una violenta represión contra quienes se oponen al alzamiento.

Las restricciones al movimiento derivadas de la pandemia y las limitadas oportunidades económicas para las mujeres “han incrementado también el riesgo de tráfico o explotación sexual”, apuntó Guterres, agregando que la crisis de salud propició un aumento de los matrimonios infantiles en Irak, Siria y Yemen, así como del “sexo de supervivencia”.

El mandatario pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que exija el fin inmediato de la violencia sexual por parte de todas partes implicadas en conflictos armados, a hacer que los agresores puedan enfrentar sanciones y a remitir las situaciones en las que parezca que haya habido violencia sexual a la Corte Penal internacional.

Guterres animó a los estados que integran la ONU, a los donantes y a organizaciones regionales e intergubernamentales a asegurar que las víctimas de la violencia sexual son reconocidas y reciben asistencia y compensaciones.