A través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática (OPSC) y la Coordinación de la Licenciatura en Derecho, la Ibero Puebla, Universidad Jesuita, participó en la presentación pública de la iniciativa de Ley en materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla.

A invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla, presidida por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, estos tres espacios de la Ibero Puebla colaboraron junto con los familiares de personas desaparecidas y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en la revisión y retroalimentación de la iniciativa de ley.

Durante la presentación, Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, señaló que México es un país de personas desaparecidas, donde se estiman más de 60 mil personas desaparecidas, gran parte de ellas en los últimos 14 años durante el periodo de la lucha contra el crimen organizado.

Con relación al movimiento de víctimas, resaltó que son un “reservorio de dignidad y ético que representa al México digno que lucha por la verdad y la justicia” e indicó que deben ser puestas en el centro. Sin embargo, dijo, las instituciones les han cerrado las puertas, provocando revictimización, abandono e incluso criminalización.

Sobre la iniciativa de ley, Patrón Sánchez destacó que es resultado de una suma de esfuerzos y una apuesta conjunta entre colectivos de víctimas –quienes propusieron la plataforma sobre la que se elaboró la iniciativa–, el Congreso del Estado y la Ibero Puebla, quien fungió como acompañante técnico y de corte académico.

En su intervención, María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, explicó que esta iniciativa “principalmente responde a una necesidad de las familias de las personas que se encuentran desaparecidas en nuestro estado”.

Se trata, especificó, tanto de una armonización derivada de la Ley General promulgada en 2017 como del cumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Mexicano y en atención a las recomendaciones de relatores y organismos internacionales.

En ese sentido, destacó la participación que han tenido los colectivos de familiares de víctimas. “Si no fuera por su lucha incansable en la exigencia de los derechos humanos, por su papel como defensoras de las garantías individuales, esta iniciativa no sería posible porque fueron ellas las que presentaron un primer borrador de esta propuesta de iniciativa”.

Arrambide González detalló que, tras la propuesta presentada por dichos colectivos, se realizó una revisión de otras leyes estatales, de instrumentos internacionales y estándares jurisprudenciales y los más altos estándares en materia de desaparición de personas y a partir de ello se recogieron las mejores prácticas y se complementaron para plasmarlas en la iniciativa.

Asimismo, indicó que, si bien la iniciativa es un primer paso en “el largo camino de la búsqueda de la verdad y la justicia”, las leyes no son suficientes mientras no vayan acompañadas de una implementación adecuada en términos de recursos, administrativos, reglamentarios y en su institucionalización: “No van a lograr el objetivo para el cual fueron creadas, principalmente si no son acatadas con seriedad”.

Ante ello, llamó al Congreso del Estado a “hacer un esfuerzo para que esta realidad sea posible, aprobando esta iniciativa, pero sobre todo colocando al centro de la agenda legislativa a las víctimas y a sus familiares. Sólo así no serán indiferentes al dolor de las familias”.

Por su parte, Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática (OPSCD), resaltó el “ejercicio preliminar” de Parlamento Abierto. “Mostró la posibilidad de que la cancha la pintemos entre varios actores, particularmente entre autoridades y ciudadanos; entre representantes y representados”.

Invitó a hacer de éste “una práctica cotidiana y no un ejercicio extraordinario, ni la excepción dentro de una Legislatura”. El Parlamento Abierto, explicó, es más que realizar audiencias públicas; tiene la potencialidad de representar ejercicios y esquemas de cocreación, en este caso, de productos legislativos, a partir de cuatro elementos: la transparencia, la participación ciudadana, el sentido de colaboración y la rendición de cuentas.

Finalmente, Simón Hernández, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la IBERO Puebla, señaló que la desaparición de personas es un tema prioritario en la agenda nacional por lo que “debe concitar los esfuerzos de los distintos actores políticos y fuerzas y representaciones de partidos que están en el Congreso” para avanzar y aprobar la Iniciativa de Ley.