Un juez peruano ordenó el viernes tres años de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora Odebrecht.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora.

Kuczynski, de 80 años, se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el pasado miércoles. El ex Mandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

«Es una sentencia de muerte a sus 80 años», dijo el legislador Gilbert Violeta, un amigo del ex presidente.

La orden de prisión preventiva se da el mismo día que se realizaron los funerales del ex presidente Alan García, quien se suicidó para evitar ser arrestado por presuntos actos de corrupción también ligados a Odebrecht.

La Fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos «actos de blanqueo de capital» mientras era Ministro de Economía y Primer Ministro durante el Gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado con la presunta compra de votos de legisladores de la Oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, quien gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición. Alan García (2006-2011) se suicidó tras dispararse en la cabeza cuando la Policía se aprestaba a detenerlo y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.