Garantizar que los trabajadores reciban sus pensiones con base en los salarios mínimos y no en Unidades de Medidas de Actualización (UMA), requiere de una solución jurídica y administrativa, aseguró la diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien exhortó a las dependencias de seguridad social y al Congreso de la Unión a dialogar sobre una reforma que respete este derecho laboral.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), dijo que es fundamental recuperar la esencia de la UMA y el salario mínimo con criterios claros para su uso. Además, pudimos establecer, una ruta que permita que las pensiones puedan ser calculadas en salarios mínimos y su poder adquisitivo no se vea afectado por interpretaciones que van en detrimento de sus derechos.
Recordó que la UMA fue creada con el objetivo de que el salario mínimo avanzara a un mayor ritmo en su recuperación gradual y sostenida. Esto, dijo, permitió su desvinculación como referencia para el cálculo de multas y sanciones administrativas que en su momento se manejaran en salarios mínimos.
La legisladora priista dijo que en el 2016 se publicó el decreto que reformaba el artículo 26 de la Constitución, el cual, en su artículo tercero transitorio, considerando que todas las menciones al salario mínimo se entenderán referidas a las Unidades de Medida y Actualización. Sin embargo, precisó, en dicha modificación legislativa se estableció que la UMA no sería considerada como la referencia que sustituiría al salario mínimo aplicable para el cálculo o pago de pensiones.
En ese, Herrera Anzaldo explicó que esta problemática tiene varios vertientes, la primera relacionada con los criterios tomados por el IMMS e ISSSTE, quienes han impulsado que sea la UMA la base del cálculo de las pensiones sin importar que vaya en detrimento de las y los trabajadores. La segunda, especificó, son las discusiones y diferentes resoluciones que la Corte ha aplicado, como la del año pasado, donde las pensiones extremas serían calculadas en Unidades de medidas.
Por estas razones, la legisladora priista por el Estado de México advirtió que no hacer nada es condenar a quienes están por jubilarse a cálculos de sus pensiones que no reflejan el fruto de su trabajo de tantos años. “Es mantener la injusticia de quienes hoy reciben 30 por ciento menos de lo que les corresponde y que con los nuevos criterios de la Corte no pueden hacer más para impedirlo”, agregó.
La representante popular mexiquense informó que en breve presentará una iniciativa al respecto; pero, subrayó, más allá del tema legislativo, urge una solución administrativa y voluntad.