La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación aprobó por unanimidad el Protocolo del Instituto Nacional Electoral (INE) para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La presidenta de la Comisión, Norma De la Cruz Magaña, subrayó que el protocolo a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es reflejo del compromiso y deber institucional del INE para garantizar la máxima protección a los derechos político-electorales de las mujeres.

En sesión extraordinaria resaltó que el documento que será puesto a consideración del Consejo General en la sesión del próximo 25 de febrero, tiene como fundamento la reforma del pasado 13 de abril del 2020, en la que el INE adquirió, entre otras atribuciones, atender quejas y denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, así como de dictar medidas de protección.

“El objetivo del protocolo, es establecer los ejes rectores de la atención de primer contacto y de la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y/o el plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política ante cualquier instancia del INE”.

Este instrumento, agregó, permitirá guiar la actuación del personal del Instituto Nacional Electoral, incluyendo a los órganos desconcentrados, sobre todo cuando las cifras de violencia política contra las mujeres se incrementaron considerablemente en las elecciones pasadas.

“Es pertinente que en el desarrollo de los procesos electorales en curso, el personal del INE cuente con este importante instrumento, a fin de que todas las personas que laboramos en el Instituto tengamos conocimiento de los pasos que se deben seguir y el procedimiento que se va a detonar para que, en el ámbito de nuestras atribuciones, se brinde una correcta y oportuna atención a las quejas o denuncias que se presenten en la materia”.

Mayor protección a las víctimas

En seguida, la Consejera Dania Ravel Cuevas celebró contar con el instrumento que incluye disposiciones novedosas en el procedimiento con la finalidad de bridar a la víctima la mayor protección.

“Una vez que se reciba la queja o denuncia, ya sea en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral o en órganos desconcentrados, dará atención inmediata a la víctima, por ejemplo, brindando la información y orientación sobre sus derechos, primeros auxilios psicológicos, canalizándola de inmediato a la unidad de salud más cercana, o a la institución especializada en atención a la violencia de género y, posteriormente, se realizará el análisis de riesgo, que es un estudio para determinar cuál es el riesgo de que se repitan o aumenten las conductas violentas en contra de la víctima”.

Detalló que la metodología que se seguirá para su celebración es la recopilación de la información del caso, valorar la presencia de factores de riesgo y/o protección, determinar la relevancia de los factores de riesgo, formular el riesgo, describir escenarios de riesgo, proponer estrategias de gestión del riesgo y ofrecer las conclusiones sobre el riesgo, a fin de determinar las medidas de aplicación idóneas.

La Consejera Carla Humphrey Jordan estableció que lo primero que deben tener en mente las autoridades para atender la violencia política en razón de género “es justamente la protección y salvaguardar la vida y la integridad de las personas”.

Por ello, ponderó el esfuerzo que llega después de la reforma en la materia y, por tanto, “con una posibilidad de experiencia, desafortunadamente por muchos casos de violencia política, de poner en operación este protocolo que guíe el actuar que debemos tener como autoridad cuando recibamos este tipo de quejas y denuncias”.