La diputada María Rosete (PT) aseguró que “a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, persiste una deuda histórica con el sector informal, el cual representa más del 50 por ciento de la población económicamente activa, por lo que es necesario legislar, tanto en el ámbito local como federal, a fin de garantizar la protección más amplia del derecho al trabajo digno”.

En un comunicado, la parlamentaria detalló que en la capital del país entre el gobierno y los comerciantes informales ha prevalecido el diálogo y los acuerdos sin hacer uso de la violencia, claro ejemplo fue lo ocurrido en días pasados con el ordenamiento en el Eje 1 Norte, donde se retiraron puestos semifijos que se encontraban sobre esta importante vialidad.

“Definitivamente parto de reconocer que es necesario el orden en el espacio público, porque la movilidad de las personas es un derecho humano; sin embargo, el derecho al trabajo es fundamental, ya que a partir de contar con una fuente laboral digna se desprende el derecho a la alimentación, la salud, la familia, la educación y el libre desarrollo de las personas, porque todos tenemos un proyecto de vida y tan válido es el del trabajador en el espacio público como el del asalariado de una institución pública o privada”.

Señaló que de acuerdo con un estudio realizado por la Organización Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, en la Ciudad de México, durante la pandemia, los ingresos de las personas en la informalidad disminuyeron en un 36 por ciento.

“Además de aportar el 60 por ciento del PIB, somos también uno de los sectores más resilientes, porque ante la adversidad hemos logrado salir adelante y nos estamos reponiendo de la crisis que la pandemia trajo consigo”, subrayó la legisladora.

Reconoció el papel del gobierno local que tiene como eje rector la protección de los derechos humanos. “Muestra de ello es el plan de reactivación económica que se implementó luego de la pandemia por Covid-19, mismo que contempla la creación de 100 mil nuevos empleos, otorgamiento de créditos y programas sociales que van desde apoyo al emprendimiento, hasta seguro del desempleo y pensión universal”.

A pesar de estos esfuerzos aún hay mucho por hacer. “Se requiere la implementación de políticas públicas para lograr un crecimiento económico y estable, en el que se garantice el trabajo digno, como un acto de justicia social que permita la construcción de una sociedad más equitativa y menos desigual”.

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