En México persisten los altos niveles de impunidad, lo que representa uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia un Estado democrático, afirmó el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.

El legislador del Grupo Plural participó en la presentación, en el Senado de la República, del Índice Global de Impunidad México 2022, elaborado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Este tipo de reportes, indicó Álvarez Icaza, debería ser tomado en cuenta como un instrumento para la toma de decisiones, y como un insumo para quienes toman decisiones en materia de procuración, impartición y administración de justicia.

Destacó que el informe es una radiografía estructural del problema de la impunidad en el país: “hoy parece que en el debate público, toda la discusión, está impulsada desde Palacio Nacional y centrada en las actuaciones desde el Poder Federal, pero también en las actuaciones estatales, donde el debate público pasa desapercibido, pese a que ahí tienen verificativo la mayor parte de los delitos del fuero común”.

El senador consideró que la Fiscalía General de la República “vive uno de sus peores momentos de mediocridad, pues está secuestrada por un personaje que está decidido a hacer los asuntos de justicia su agenda personal y nos ha frustrado el proceso de transición institucional, cuando esperábamos con mucha intensidad que ese proceso abriera una nueva etapa”.

Luego, el senador Álvarez Icaza confió que para mañana sí asistan al Senado de la República los titulares del Gabinete de Seguridad: Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Cresencio Sandoval, titular de Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, de Marina; y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; porque “dijeron que la Cámara de Diputados no es la instancia para rendir cuentas”.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, señaló que desafortunadamente se observa una realidad donde aumenta más la violencia, la impartición de justicia no existe y hay una autoridad que no reconoce el problema.

“Mientras el Presupuesto no esté destinado a corregir el tema del Poder Judicial será muy difícil que terminemos con los delitos. Y ahora con la militarización del país, pues se desconoce la estrategia que van a seguir; si va a cambiar o va a seguir igual, no sabemos. Por eso estos ejercicios son importantes para ilustrar realidades que padecemos”, comentó.

Juan Antonio Le Clercq Ortega, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, fue el encargado de presentar el citado informe sobre la impunidad en México, el cual realizan con base en comparaciones de lo que sucede en los ámbitos de justicia, seguridad y derechos humanos.

Informó que entre las principales conclusiones se encuentran que el Estado de México se mantiene como la entidad con el más alto índice de impunidad desde 2016 y hasta 2022, con 74.55 puntos, seguido de Baja California y Veracruz; Baja California Sur y Campeche son los únicos dos estados que presentan niveles de impunidad media-baja, entre 65 y 69 puntos.

En impunidad alta se encuentran Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Nuevo León, es decir, con menos de 65 puntos.

Además, afirmó que los Ministerios Públicos estatales padecen un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos. Además, prevalece el déficit de policías estatales profesionales”.

Fotos: Senado