En 2014, grupos de menores no acompañados por adultos que huían de la violencia en Centroamérica abrumaron a las autoridades fronterizas del sur de Texas. En 2016, miles de haitianos que huían de un terremoto devastador quedaron varados en la ciudad mexicana de Tijuana después de atravesar 11 países, a pie y en autobús, para llegar a la frontera con Estados Unidos.

En 2018, unos 6.000 migrantes, en su mayoría guatemaltecos y hondureños que huían de la violencia, llegaron a Tijuana. Muchas familias con niños dormían en parques y calles bajo la lluvia y el frío.

Una veda sobre el asilo de la época del presidente Donald Trump, prorrogada brevemente por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, es una de las medidas estadounidenses que afectan ahora la decisión de los migrantes de abandonar sus hogares. La convergencia de la desigualdad, contiendas civiles y desastres naturales ha llevado a millones a abandonar Latinoamérica, Europa y África. Desde 2017, Estados Unidos es el principal destino mundial de quienes buscan asilo, según la ONU.

Desde marzo de 2020 se ha negado a los migrantes el derecho de solicitar asilo bajo la ley estadounidense e internacional en 2,5 millones de ocasiones, con el argumento de que es necesario prevenir la transmisión del COVID-19, una norma conocida como Título 42. Aunque se aplica a todas las nacionalidades, ha afectado de manera desproporcionada a gente de Guatemala, Honduras, El Salvador y más recientemente Venezuela, además de México. Se prevé que la demanda acumulada provocará un aumento de los cruces fronterizos una vez que caduquen las restricciones sobre el asilo.

Cuando comenzó la pandemia, aumentó la presencia de personas cuyas nacionalidades pocas veces habían sido vistas en la frontera: de Cuba, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y demás. Los costos elevados, las relaciones diplomáticas tensas y otros factores complicaron los esfuerzos de Estados Unidos para expulsar gente de nacionalidades que México se negaba a recibir.

Las cifras de cubanos que huyen de los trastornos económicos y políticos son las más altas de los últimos 60 años. La mayoría vuelan a Nicaragua como turistas y luego se dirigen lentamente hacia Estados Unidos. En octubre eran la nacionalidad más numerosa en la frontera después de los mexicanos.

Grissell Matos Prieguez y su esposo se entregaron a los agentes fronterizos estadounidenses cerca de Eagle Pass, Texas, el 30 de octubre, luego de una travesía de 16 días a través de seis países en autobús, motocicleta y agotadoras caminatas nocturnas, cruzando matorrales y ríos malolientes.

“En todo el recorrido sientes que te vas a morir”, sostiene Matos, una ingeniera de 34 años. “No confías en nadie, en nada. Nada es seguro. Tienes un constante miedo a morir, o a que te cojan y te pase cualquier cosa”.

Para pagar el viaje desde Santiago de Cuba, vendieron todo, hasta sus computadoras y bicicletas. Pidieron dinero prestado a parientes en Florida. Dejaron en Cuba a padres y abuelos.

Un pico creciente ha convertido a El Paso, Texas, en el lugar más transitado para los cruces ilegales, principalmente de nicaragüenses, cuyo gobierno reprime el disenso.

Los haitianos que se detienen en Sudamérica, a veces durante años, han tenido una presencia importante, sobre todo desde que casi 16.000 acamparon en la pequeña población de Del Río, Texas, en septiembre de 2021. El gobierno del presidente Joe Biden repatrió a muchos, pero empezó a frenar el traslado ante los ataques descarados de pandillas que han acrecentado su poderío desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el año pasado.

La migración suele ser impulsada por “factores de arrastre” que atraen a la gente hacia un país, como una economía estadounidense fuerte y un sistema de asilo en donde la resolución de cada caso suele tomar años, por lo que mucha gente lo pide a pesar de que intuya que difícilmente lo va a obtener. Sin embargo, la situación en el país de origen —uno de los llamados “factores de expulsión” — puede ser igualmente la causa de las cifras sin precedentes vistas el año pasado.

La abogada y defensora de migrantes Soraya Vázquez, de Tijuana, dice que la diáspora haitiana de 2016 fue un punto de inflexión.

“Esto es otra cosa global porque empezamos a darnos cuenta de que hay movimientos masivos en todos lados: en algunos lugares por la guerra, en otros por la situación política, cambio climático”, explica Vázquez, nativa de San Diego y otrora asesora legislativa en Ciudad de México. “Muchas situaciones que se conjugaron, pero al final todo es responsabilidad del hombre y de los gobiernos”.

Después de realizar talleres de cuestiones jurídicas para los haitianos en Tijuana, Vázquez logró atraer al chef José Andrés y su Cocina Central Mundial a los refugios para migrantes durante cuatro años. En busca de estabilidad financiera, fue directora en Tijuana de Al Otro Lado, una ONG que recaudó 4,1 millones de dólares en 2020 y recientemente fue designada beneficiaria de las obras filantrópicas de MacKenzie Scott.

“¿Qué provocó? Una desigualdad”, recalca Vázquez mientras toma té en el vecindario de Cacho.

Durante décadas, eran mexicanos, principalmente hombres adultos, los que iban a Estados Unidos a trabajar y enviar dinero a casa, pero en 2015, el Centro de Investigaciones Pew halló que eran más los mexicanos que regresaban a su país luego de la Gran Recesión.

Los mexicanos aún constituyeron uno de cada tres encuentros con agentes fronterizos durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, más que hace tres años, pero muy por debajo del 85% reportado en 2011 y el 95% al inicio del siglo. Adicionalmente, cada vez más son familias con niños que tratan de huir de la violencia del narcotráfico.

Regularmente, cientos cruzan la frontera después de la medianoche en Yuma, Arizona, atravesando los matorrales para entregarse a los agentes estadounidenses. Muchos vuelan a la ciudad vecina de Mexicali luego de entrar a México como turistas y viajar en taxi al desierto. La Patrulla Fronteriza los entrega al Centro Regional de Salud de la Frontera, una clínica que envía diariamente seis autobuses tipo chárter al Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor.

La clínica había enviado familias de más de 140 países, pero ni una sola de México, señala Amanda Aguirre, su directora ejecutiva.

Daniel Paz, un peruano que se entregó a los agentes en Yuma con su esposa y su hijo de 10 años, se llevó la desagradable sorpresa de que lo repatriaran sin darle la posibilidad de pedir asilo, algo inusual incluso después de que el gobierno peruano empezó a aceptar dos vuelos chárter de Estados Unidos por semana.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a peruanos en más de 9.000 ocasiones en la frontera con México en octubre, nueve veces más que en igual período del año anterior.

Paz está esperando a ver qué sucede con el Título 42 y posiblemente realizar un nuevo intento desde el derrocamiento del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre.

“A ver si en enero o febrero estaré por allí… Ganas no me faltan”, texteó desde Lima.

Los arribos más recientes a Tijuana son de venezolanos, de los cuales unos 300 ocuparon un centro recreativo municipal.

Unos 7 millones de venezolanos han huido desde 2014, casi 2 millones de ellos a la vecina Colombia, pero apenas recientemente empezaron a viajar a Estados Unidos.

Muchos venezolanos se congregan en la oficina mexicana de asilo que se instaló en Tijuana en 2019 y procesó más de 3.000 solicitudes de decenas de países, principalmente Haití y Honduras, en los últimos dos años.

Jordy Castillo, de 40 años, afirma que hace 15 años que quería partir de Venezuela, pero sólo lo hizo cuando sus familiares y amigos empezaron a llegar a Estados Unidos el año pasado. Sus tres hermanos fueron los primeros de sus allegados que solicitaron asilo, aunque no conocían a nadie.

“Ellos encontraron a alguien para ayudarlos y están establecidos”, explica.

Fuente: AP