La Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro) hizo un llamado al presidente de la República para que ordene hacer una investigación profunda al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para sancionar a funcionarios corruptos y frenar estos actos que dañan a toda la sociedad.

Su presidente, Silvio Octavio García Rodríguez explicó que “hay un incremento considerable y sistemático en las denuncias por presuntos actos de corrupción en los procesos de licitación de productos o servicios a favor de los estudiantes de nivel superior”.

“Todo parece indicar que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, a dos años de su encomienda, no ha podido contener los hechos de corrupción que perjudican de manera directa a los jóvenes que acuden a refrendar su educación superior, al permitir que se siga violentando los procesos de licitación”, explicó.

El ingeniero García Rodríguez dio a conocer que hay una serie de denuncias en contra de funcionarios públicos como Javier Tapia Santoyo, Noe Miranda Mendoza y Carlos Ruiz Viquez Cuevas, quienes, entre otros muchos personajes más, “saquean las arcas de la institución”, en perjuicio de miles de alumnos.

Por citar un caso, a manera de muestra, una auditoría generada por la Conapro, revela que dentro de los procesos de licitación, los funcionarios del IPN –como David Eduardo Magaña Martínez, Mayra Paredes Ferrer y Javier Hernández Betancourt—alinean los procesos para favorecer a ciertas empresas.

“Estos funcionarios públicos son responsables de orquestar un verdadero grupo delincuencial que gestionan calificaciones, a favor o en contra de empresas, para refrendar los contratos y dinero público a modo.

“Sin fundamento técnico, o en el mejor de los casos erróneo, se encargan de restar puntos a proveedores de productos, o servicios, que van en contra del interés del pueblo de México; simplemente actúan como hampones en contra de la nación”, explicó Jorge Hernández, abogado de la Conapro.

El también director de la oficina de auditoría de esta agrupación, explicó que la forma de operar de estos malos servidores públicos ocasionan que se “pierda la libre competencia; así como el fomento del favoritismo para ciertas empresas amigas, incluso cuando sus propuestas técnicas son ilegibles.

Ejemplo de ello es la licitación LA-011B00001-E526-2021 que se le adjudicó a “LB Sistemas SA de CV”, “empresa que de manera clara entrega un porcentaje a los funcionarios del IPN para obtener el contrato, ante los ojos de Carlos Ruiz Viquez y del director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval.

Por si fuera poco, la oficina del Órgano Interno de Control del IPN recibió una petición para dejar sin efectos el contrato IA-011B00001-E32-2022 asignado a Joad Limpieza y Servicios por incumplir en la documentación, entre otras irregularidades durante el proceso.

“Es la misma forma de operar, los funcionarios públicos mencionados moldean, analizan y aprueban los mecanismos jurídicos, administrativos o técnicos para hacer que las empresas de su deseo obtengan los contratos”, expresó.

El abogado de la agrupación indicó que ya preparan una solicitud formal ante la Secretaría de la Función Pública para que analicen las acciones de estos servidores públicos que, según la documentación presentada, han cometido actos ilícitos en perjuicio de la nación de manera sistemática.