El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, llamó a las autoridades correspondientes a investigar de manera transparente e imparcial el caso de nepotismo e influyentísmo en el que estaría involucrado Andrés López Beltrán, hijo del Presidente de la República,
En rueda de prensa, condenó que el Gobierno de Quintana Roo otorgara, mediante una licitación pública, un contrato millonario a la empresa de Romedic SA de CV, propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de López Beltrán.
La asignación de este contrato habría sido parte de una negociación entre Amílcar y funcionarios del Gobierno de Quintana Roo, para recibir 500 millones de pesos en 2023, de acuerdo con un audio en poder de Latinus; “es alarmante, reclamamos y exigimos una investigación exhaustiva.
“La rapidez con la que se asignó el contrato, la duración mínima del mismo y la aparente falta de escrutinio y vigilancia sobre la idoneidad de Romedic, a pesar de figurar en la lista de distribuidores irregulares de medicamentos, son indicios de posibles prácticas corruptas que socavan la confianza en las instituciones de gobierno”, expuso.
Consideró que es imperativo que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Función Pública (SFP) y los órganos internos de control, que son autoridades competentes, “lleven a cabo una investigación transparente e imparcial para esclarecer los hechos”.
“Así como determinar la responsabilidad de aquellos involucrados y garantizar que se apliquen sanciones correspondientes en caso de encontrarse evidencia de corrupción”, aseveró.
Ramírez Barba también condenó la nueva reforma de Morena al sistema de salud, para apoderarse y centralizar todos los recursos, al aprobar, en comisiones, una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Salud, para quitarle a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y centralizar esos recursos en el IMSS-Bienestar.
En un comunicado expuso que, por iniciativa de las senadoras del PES y Morena, se pretende reformar la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud, para centralizar aún más los recursos para la salud.
“Se trata de una centralización abusiva, en la que las entidades federativas entregarán todo su dinero, personal y hospitales a la federación (IMSS-Bienestar), a cambio de una promesa vacía de tener un sistema de salud como el de Dinamarca”, comentó.
Además, indicó, que la reforma propuesta, no contempla que los recursos serán usados en la entidad federativa que es la fuente de financiamiento, sino que todo el dinero entrará a una bolsa general, para ser ejercido a capricho del IMSS-Bienestar. (RZJ)