El diputado Javier López Casarín (PVEM) informó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para pedir que se investiguen de forma exhaustiva los crímenes cometidos contra ambientalistas.

En un comunicado, indicó que el exhorto está dirigido a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, a quien pide respetuosamente que las indagatorias conduzcan a la detención de los responsables, con apego al debido proceso.

López Casarín añadió que en el documento también solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, que informe sobre el estado actual que guarda la adopción del Tratado para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, así como las repercusiones en el marco legal nacional.

El diputado expuso que uno de los casos más recientes es el homicidio de Álvaro Arvizu Aguiñiga, en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, quien fue atacado el pasado 13 de junio en el Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Agregó que el ambientalista falleció seis días después a consecuencia de las heridas provocadas con arma punzocortante.

“Condeno rotundamente estos hechos y pido a las autoridades encargadas de la investigación y judicialización del caso que realicen un trabajo exhaustivo y respetando los derechos de las víctimas, así como el debido proceso”.

López Casarín recordó que México en 2018 firmó el Acuerdo de Escazú ante las Naciones Unidas, mismo que fue ratificado en 2021, y explicó que se trata de un instrumento que tiene como objetivo establecer el acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental y participar en la toma de decisiones en la materia.

Sin embargo, dijo que entre 2017 y 2021 los ataques contra defensores de la tierra aumentaron de forma considerable; en 2018, se registraron 14 casos; mientras que en 2020 hubo 30 homicidios; y el reporte de la organización Global Witness señala que en 2021 se reportaron 54 desapariciones o asesinatos de ambientalistas en el país.

Señaló que las y los defensores, así como las organizaciones que buscan la conservación del territorio, protegen el derecho a un ambiente sano.

«Este último es parte de los derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución y están aparejados al derecho a la vida, a la salud y a un desarrollo con calidad de vida, pero desafortunadamente hoy defender el ambiente y el territorio se ha convertido una cuestión de vida o muerte”, agregó López Casarín. (EGV)

Foto: Cámara de Diputados