El Grupo Parlamentario del PRD, a través de la diputada Fabiola Rafael Dircio, exigió que se sancione al personal de Centros de Readaptación Social federales, estatales y municipales que incurran en delitos contra la integridad sexual de gente privada de su libertad y/o sus familiares.

En un comunicado, la legisladora informó de la presentación de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que ésta haga un exhorto en ese sentido a las secretarías de Gobernación (Segob), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, propone se exhorte a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob; al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que elaboren e implementen, a la brevedad, un protocolo de prevención, atención y sanción de delitos contra la integridad sexual de las personas privadas de su libertad y/o de sus familiares.

La legisladora federal por Guerrero sostuvo que dentro de los reclusorios hay delitos perpetrados en contra de familiares de los internos, en particular contra las mujeres que los visitan, quienes sufren violencia sexual y psicológica por parte de custodios y/o directivos de los centros penitenciarios, incluso de otros internos que, como mecanismo de extorsión y ante la falta de recursos económicos, utilizan la violencia sexual contra las parejas, madres, hijas o visitantes mujeres de otros internos.

“Las vejaciones que sufren van desde obligarlas a desnudarse, asumir posturas forzosas, revisión en sus genitales, o abuso sexual, y en algunos casos violaciones.

“Queremos que se atienda el tema y se haga eco en favor del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en cualquier parte de su proceso, sobre todo para garantizar ese respeto a las mujeres que los visitan y han sufrido vejaciones a su intimidad. Y decirles que denuncien, que en el Grupo Parlamentario del PRD estamos para apoyarlas y mi oficina estará disponible para darles acompañamiento”, abundó.

Rafael Dircio también alertó que, en alguna de las etapas de su proceso penal, 36 de cada 100 personas privadas de su libertad son víctimas de, al menos, un acto de corrupción.

De dicho porcentaje, 17 de cada 100 han sido transgredidas al interior de los centros penitenciarios, siendo Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Puebla las entidades federativas más señaladas por actos de corrupción; seguidos de Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo e Hidalgo.

Lo anterior, especificó la perredista, fue evidenciado en diciembre de 2021 en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, de acuerdo con la encuesta referida, casi 90 de cada 100 pagos ilegales para obtener un bien o servicio dentro de un centro penitenciario fueron entregados a los custodios, y el 96.4 por ciento de la población total que pagó por ello no presentó queja o denuncia ante las autoridades. El 33.6 por ciento no denunció ya que se considera a la corrupción una “práctica común” y un 29.9 por ciento por miedo a represalias.

La legisladora perredista enlistó algunos de los servicios más recurrentes por los que los presos deben pagar al interior de las cárceles, entre los cuales destacan: pago por pase de lista (en un 55 por ciento), por agua potable (31.9 por ciento), medicamentos (30 por ciento), comida (21.6 por ciento), utilizar mingitorios y regaderas (18.1 por ciento).

Destacó que es obligación y responsabilidad de las autoridades encargadas de los 447 centros penitenciarios del país dotar a la población privada de su libertad de dichos servicios básicos. Las 447 cárceles se distribuyen en cinco federales, 330 estatales, 103 municipales y nueve del Gobierno de la Ciudad de México.

Foto: Cámara de Diputados