La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, pidió que la Secretaría de la Función Pública investigue los contratos directos que el IMSS, ISSSTE y Pemex han asignado de manera directa a la empresa de Felipa Guadalupe Obrador, prima del Presidente de la República.

En un comunicado, la diputada dijo que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, Pemex ha otorgado sin licitación a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe, contratos por más de 365 millones de pesos.

Asimismo, se otorgaron al Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La legisladora recordó que en junio de 2019 el Presidente de la República envió un memorándum dirigido a su gabinete, a directores de empresas y organismos paraestatales, así como a servidores públicos en general, en el que resaltó que en su gobierno “no se permitiría el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer propuestas ni acuerdos en nombre del gobierno.”

El Ejecutivo Federal resaltó en el documento que no acepta, bajo ninguna circunstancia, que miembros de su familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno, en su beneficio.

La diputada sostuvo que no es el primer asunto en donde familiares del Presidente de la República se benefician de su parentesco o que son señalados de presunta corrupción o supuestos delitos.

Citó el caso de Concepción Falcón, cuñada del presidente, involucrada en el presunto desfalco de 223 millones de pesos al gobierno de Macuspana, Tabasco. También está el de Pío López Obrador, quien fue grabado recibiendo dinero por parte de David León Romero.

“Ninguno de estos presuntos actos de corrupción han sido sancionados, tanto en el caso de Concepción Falcón como en el de Pío, sin esperar los resultados de las investigaciones de las instituciones correspondientes, el Presidente los ha exonerado”, señaló.

“En ninguno de estos hechos ha habido consecuencias legales más allá de las suspensiones de algún contrato. Ni tampoco sanciones para los altos funcionarios del gabinete involucrados. El propio Presidente los ha exonerado y así no hay combate contra la corrupción que tenga seriedad ni viabilidad”, concluyó Juárez Piña.