El Patronato legalmente constituido de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, responde a la postura de la rectora Cecilia Anaya Berrios, quien rechaza retomar el campus.

A través de un comunicado, dicho Patronato señala que no existe ningún obstáculo legal que impida al personal directivo y administrativo a participar e involucrarse en las actividades normales de la UDLAP.

“No retomar las actividades es responsabilidad exclusiva de quienes se niegan a asumir sus obligaciones institucionales y labores”, se lee en el texto de marras.

“Es un hecho incuestionable que la posesión plena del campus de la universidad y todos sus accesorios se consignaron en beneficio de Cecilia Anaya Berrios, en la calidad que ostenta dentro del cuerpo directivo de la Universidad. De esta manera, la Doctora Anaya está en condiciones de asumir la posesión jurídica y material para conducir la UDLAP

”Al negarse a asumir la posesión jurídica y material de la UDLAP, la doctora Anaya está privilegiando el interés de quienes se encuentran sujetos a procedimientos de carácter penal, en lugar de velar por el interés de la comunidad universitaria”, señala el documento en cuestión.

En este sentido, comenta el Patronato, no existe ningún obstáculo legal que impida al personal directivo y administrativo a participar e involucrarse en las actividades normales de la UDLAP.

Por lo tanto, cualquier excusa del personal directivo y administrativo para no presentarse al campus responde únicamente a intereses ajenos a los propósitos de la UDLAP. “Este Patronato reitera su llamado a que la UDLAP no se utilice como instrumento de presión para negociar impunidad”, puntualiza las autoridades universitarias.

Foto: Es Imagen / Katia Fernández

Abogado de los Jenkins se queda con 15% del patrimonio de la fundación

Virgilio Rincón Salas, a través de su despacho Rincón, Mayorga, Román, Illades, Soto SC, cobró la cantidad de 2 mil 266.5 millones de pesos, el 15 por ciento del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a cambio de “diseñar e implementar los mecanismos legales necesarios” que permitieran a la familia Jenkins de Landa quedarse con los activos de la institución, estimado casi 730 millones de dólares, y mantenerlo bajo resguardo en paraísos fiscales.

De acuerdo con el contrato signado por Rincón Salas y Guillermo Jenkins Anstead (EPD), en ese entonces presidente del patronato de la Fundación Jenkins, los trabajos también incluyeron “implementar acciones legales de defensa” para impedir que “por cuestiones fiscales, administrativas, civiles, mercantiles” que alguna autoridad o persona física pretendiera intervenir en el manejo de la institución.

El documento, cuya copia está en poder de este medio, es prolijo en explicaciones sobre los riesgos que existen contra el clan Jenkins de Landa a raíz de una serie de modificaciones a los estatutos de la Fundación Jenkins y el embate jurídico iniciado por Guillermo Jenkins de Landa que derivó en auditorías fiscales a esa institución y otras empresas ligadas.

La preocupación de la familia por perder la riqueza acumulada queda asentada en el contrato y fue una de las justificaciones para la contratación del despacho encabezado por Virgilio Rincón.

Sabedores de que la Fundación incluye un complejo entramado financiero, los Jenkins de Landa solicitaron ampliar los servicios para la empresa Reforma Bicentenario, Proyectos Nuevo Siglo, la Fundación de las Américas Puebla, Fundación Colegio Americano de Puebla, Fundación Club Alpha y otras entidades.

A pesar de que en el discurso la rectora interina, Ana Cecilia Anaya Berríos, la ultraderecha poblana y los voceros de la institución se niegan a reconocer que el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla es producto del desfalco de la Fundación Jenkins, el propio contrato advierte ese escenario.

La cláusula uno, numeral siete, establece sin ninguna duda la participación del despacho contratado: “Defender a la fundación, a los patronos y los representantes legales de cualquiera de las entidades legales señaladas en el numeral anterior (entre ellas la Fundación Udlap), contra los embates y acciones legales que puedan recibir o propiciarse, de forma directa o indirecta del contexto legal referido por la Fundación en sus declaraciones o de las consecuencias del mismo contexto”. (Con información de Mario Alberto Mejía / Ignacio Juárez)