El senador Víctor Fuentes Solís, del PAN, pidió al gobierno de las 32 entidades federativas, de los municipios del país y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que fortalezcan las acciones para impedir la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.

Recordó que el derecho a la no discriminación implica que se respete la dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad de todas las personas, así como garantizar la ausencia de coacción y abuso.

Víctor Fuentes Solís subrayó que se trata de un problema en el que intervienen distintos actores sociales, que juegan un papel determinante en su ejecución, ya que puede afectar a cualquier persona, pero hay grupos o colectivos sociales que lo han sufrido históricamente, de manera constante y sistemática, como los pueblos indígenas.

Dichas acciones, continuó, acentúan las privaciones y pobreza intergeneracional, y ocasionan graves consecuencias para la salud, nutrición y educación.

El legislador presentó un punto de acuerdo, que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, para exhortar a los 32 congresos locales a implementar una campaña de difusión permanente sobre las acciones positivas para promover la “cero discriminación” entre sus colaboradores.

También pidió que se dé cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

En el documento, que inscribió en la Gaceta Parlamentaria del 28 de febrero, Fuentes Solís refirió que, de acuerdo con el INEGI, los motivos más frecuentes de discriminación son la forma de vestir o el arreglo personal, con 30 por ciento; la complexión física como peso o estatura, con 29.1 por ciento; y las creencias religiosas, 28.7 por ciento.

La discriminación, afirmó, genera exclusión durante la niñez o adolescencia, lo que conlleva mayores probabilidades de encarcelamiento y embarazo adolescente, o dificulta el acceso a empleos bien remunerados en la adultez.

Víctor Fuentes Solís insistió que todos los órdenes de gobierno deben promover un crecimiento social, económico e inclusivo, además de eliminar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, reducir las desigualdades y atender a los grupos más vulnerables.

Foto: Senado