La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, de Encuentro Social, propuso una iniciativa que reforma los artículos 6, 19 y 45 de la Ley de Vivienda, para que la Política Nacional de Vivienda considere, entre sus prioridades, promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población que se encuentre en situación de discapacidad.
El texto incluye a la población con discapacidad dentro de las acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Vivienda para desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, priorizando la atención a ese sector; además, la Comisión procurará que la información que le brinde sea por medios accesibles.
La propuesta, turnada a la Comisión de Vivienda con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señala que en muchas ocasiones las personas con discapacidad se ven impedidas de acceder a una vivienda digna, a pesar de que es un derecho humano de las y los mexicanos, plasmado en el sexto párrafo del artículo 4º de la Constitución.
Además, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 18 dispone que “las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna, así como que los programas de vivienda de los sectores público y privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad”.
Puntualiza que de los más de 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitan el país, 7.7 millones (6.7%) son consideradas como población con discapacidad, de las cuales las mujeres representan 54.2 por ciento y cerca de la mitad (49.9%) son adultos mayores.
“En nuestro país, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y conductuales; por ello, es fundamental el respeto a sus derechos humanos”.
Agrega que la vivienda sin un grado mínimo de accesibilidad también puede ser sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar, sobre todo para aquellas personas cuyos requerimientos son mayores.
Foto: Cámara de Diputados