El Consejo Nacional de Seguridad Privada solicitó a diputados federales y senadores prórroga para el pago de impuestos como ISR, IVA y Seguro Social para poder enviar a los 400 mil guardias que hay en todo el país a sus casas con un sueldo mínimo ante la epidemia de Covid-19.
Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo, explicó en entrevista con que si el Gobierno no apoya a este sector con el estímulo fiscal durante el tiempo que dure la contingencia, estima que para abril unos 240 mil guardias de seguridad en el país habrán perdido su empleo.
Hasta ahora, explicó, aproximadamente 100 mil guardias de seguridad ya fueron despedidos, pues muchas de las tiendas, restaurantes y negocios donde laboraban han cerrado.
“Es importante para el sector que tengamos estímulos fiscales para este fin. No pedimos que nos regalen nada, simple y sencillamente que prorrogan el pago del ISR, del IVA, del Seguro Social durante la contingencia, de tal suerte que el diferencial que nos toque pagar lo paguemos en facilidades en cuanto al tema se componga”, refirió.
Lo anterior, dijo, dará soporte al sector de seguridad privada para poder enviar al personas a su casa con un salario y prevenir el contagio del Covid-19 y coadyuvar al tema del desempleo que con la contingencia se ha vuelto algo exponencial.
Explicó que un guardia de seguridad privada que pertenece a alguna empresa afiliada al Consejo, tiene un sueldo de entre seis mil y 20 mil pesos mensuales; mientras, en el sector informal de la seguridad privada, el salario promedio es de cinco mil pesos al mes.
Desfassiaux agregó que también cuentan con unos 100 mil trabajadores administrativos en todo el país, con los que se ha tomado la decisión de rolar el trabajo en casa cada cierto número de empleados.
En cuanto a los guardias de seguridad, quienes sí tienen más contacto con la gente, establecieron medidas como protocolos en fábricas, tiendas y lugares donde hay contacto con obreros, visitantes, basados en mantener distancia, verificar si tienen alguno de los síntomas del virus y, en caso de ser así, prohibirles el acceso a las instalaciones, además de desinfectantes y otras medidas higiénicas de manera adicional.