A fin de proteger a los consumidores, así como mejorar las cadenas de producción ante los cambios digitales en la compra y contratación de bienes y servicios, el diputado del PRI, Mariano González Aguirre, promueve una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor.

​Plantea modificar los artículos 6, 7 y 7 Bis de ese marco legal, para que los proveedores de bienes y servicios físicos y digitales, así como los consumidores estén obligados al cumplimiento del mismo.

De igual forma, que las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno de la Ciudad de México, también estén obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores físicos y/o digitales o consumidores, establece la iniciativa turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

En el precepto 7 plantea que todo proveedor de bienes y servicios físicos y/o digitales, está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de los insumos.

Asimismo, aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos, apunta la propuesta.

La modificación al artículo 7 Bis, refiere que el proveedor de bienes y servicios físicos y/o digitales deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

El legislador por Durango refirió que estas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor son necesarias, en virtud de que en México el comercio electrónico registra un crecimiento importante, al alcanzar en 2019 el 35 por ciento, siendo el país que mayor aumento presentó a nivel global de acuerdo con la consultoría eMarketer.

Durante 2020 las ventas digitales crecieron más del 30 por ciento, junto a países como Argentina, España y Reino Unido, tendencia que pudo significar un crecimiento de hasta el 44 por ciento al cierre de 2021, y crecer a más del 57 por ciento para el 2025, representando un ingreso por más de 24 mil millones de dólares para ese año, según la consultoría Statista.

El documento subraya que una parte significativa de la población tuvo interacción activa en las plataformas y canales de compra-venta del comercio electrónico ante la pandemia, la cual también ha acelerado los fraudes en los sistemas digitales, causando incertidumbre y rezago para la defensa de los consumidores.

La firma IntSights Cyber Intelligence reporta que México es uno de los países más sensibles a estos riesgos, junto con Brasil, Colombia y Argentina en América Latina.

La plataforma de transacciones digitales Adyen ha señalado que el incremento de interacciones ha sido crucial para la aceleración de fraudes en los sistemas digitales.

Cassia Pinheiro, líder de riesgo y cumplimiento en Latinoamérica para Adyen, también ha señalado que una de las causas se ubica en la “estabilidad en los intentos de transacciones y la reducción de actividad de los comercios durante la pandemia”.

Resaltó que la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indicó que la evolución del consumidor mexicano a los comercios electrónicos ha trascendido favorablemente.

Según un estudio que realizó a finales de 2020, el comprador mexicano está cada vez mejor informado y 9 de cada 10 realizan interacciones en canal físico y digital, impactando en la frecuencia de compra y la continuidad de las plataformas digitales, por lo que en dos de cada 10 compañías el comercio electrónico representará el 30 por ciento de sus ventas totales.

Foto:Cámara de Diputados